Por Bruno Cortés
En México, la ley dice una cosa y los políticos muchas veces hacen otra. O peor: no hacen nada. Ese es justo el reclamo que el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), llevó al Congreso de la Unión. Presentó una solicitud formal de juicio político contra 18 diputados del Congreso de Coahuila —sí, ¡18!— por haberse hecho de la vista gorda durante más de cuatro años y no incluir en la Constitución estatal la figura de revocación de mandato, como lo ordena la reforma constitucional de 2019.
Para no hacer bolas: desde hace cinco años, se reformó la Constitución federal para permitir que el pueblo pueda quitar de su cargo a un gobernador si pierde la confianza ciudadana. Un mecanismo que busca que el que no cumpla, se vaya. Pero para que funcione, los estados tenían que actualizar sus leyes. El Congreso de Coahuila tenía 18 meses para hacerlo… y ya pasaron más de 48.
Ricardo Mejía no se anduvo con rodeos: acusó a los legisladores locales del PRI, PAN, PRD y hasta de un partido estatal de no solo ser omisos, sino de actuar con dolo, negligencia y burla. “No legislan porque no quieren que el gobernador Manolo Jiménez pueda ser revocado”, dijo sin rodeos. Y eso que, según la oposición, el gobernador es muy popular. Entonces, preguntó Mejía, “¿cuál es el miedo?”
El tema no es menor. Que una Constitución diga algo y no se cumpla es grave. Y más aún si detrás hay una estrategia para proteger a una figura política de ser evaluada por la ciudadanía. Lo que pide Mejía es claro: que se sancione a los legisladores coahuilenses por incumplir su deber. Porque no legislar también puede ser una falta, y una muy seria si con eso se obstaculiza un derecho.
Y no solo eso. En paralelo, el diputado también lanzó otra iniciativa: quiere que la corrupción inmobiliaria sea considerada delito grave y se castigue con prisión preventiva. Esto en respuesta a los múltiples escándalos que han salido a la luz, como el famoso «cártel inmobiliario» de la Benito Juárez en la CDMX, pero también —dice— en Saltillo, Oaxaca y muchas otras partes donde se han coludido funcionarios, notarios y hasta registros públicos para despojar gente de sus propiedades o para otorgar permisos ilegales a desarrolladores.
“¿Y qué pasa?”, se preguntó en voz alta. “Nada. Por eso queremos que sí pase”. Su propuesta busca que estos delitos no se queden en el aire o en procesos eternos. Porque al final, quien pierde es el ciudadano de a pie.
En resumen, lo que está haciendo Mejía Berdeja es meter presión desde la Cámara de Diputados para que la ley se respete en todos los niveles y que quienes se burlen de ella enfrenten consecuencias. Habla de juicios políticos, de reformas legales y de meterle dientes a la justicia.
¿Será solo protagonismo político o un paso necesario para emparejar el piso? Eso lo dirá el Congreso, la ley… y claro, el tiempo. Pero mientras tanto, más vale no perder de vista que detrás de estos temas está la defensa de algo esencial: que el pueblo mande, no los partidos.
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