Por Bruno Cortés
En México hay inmuebles que se construyen con cimientos de papel, pisos de más y archivos que se van por el drenaje. Literalmente. Así se escribe otro capítulo del llamado cártel inmobiliario, una red de corrupción urbanística que sigue sacudiendo a la capital del país. Esta vez, el epicentro político está en la Cámara de Diputados, donde Arturo Ávila, vocero de Morena, anunció la presentación de un punto de acuerdo para investigar al actual presidente del PAN, Jorge Romero, por su posible implicación directa en este esquema de corrupción.
Con tono firme y acusaciones claras, Ávila recordó que aunque Romero no ha sido imputado formalmente, la Fiscalía capitalina lo ha vinculado con movimientos sospechosos de al menos 350 millones de pesos, presuntamente canalizados a cuentas de sus familiares. “Nadie puede salirse con la suya”, sentenció el morenista, dejando claro que el fuero no debería ser sinónimo de impunidad.
El llamado “cártel inmobiliario” no es una metáfora, sino un expediente con 13 personas procesadas, 12 de ellas exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, cuatro ya condenadas. Entre los nombres que han caído están Cristian Bondruerich e Inicia Sardigis, este último sentenciado a tres años por haber autorizado construcciones ilegales a cambio de prebendas. Se habla de 83 inmuebles irregulares descubiertos, con patrones repetidos de corrupción y silencio institucional.
Y como si se tratara de una novela negra escrita por Kafka y dirigida por el Sistema de Aguas de la CDMX, en septiembre de 2020 una inundación de aguas negras destruyó documentos clave. Una tormenta perfecta que «casualmente» borró archivos relacionados con contratos, permisos y expedientes del periodo en que Romero fue delegado. En la Benito Juárez llueve poco, pero cuando llueve, desaparecen las pruebas.
Las consecuencias de estas prácticas no son sólo urbanísticas, sino humanas. Más de 260 pisos extra se construyeron en al menos 130 edificios de la alcaldía, generando ganancias ilegales superiores a los 7 mil millones de pesos. Pero esa avaricia vertical colapsó con el sismo de 2017, que dejó 228 muertos y 38 edificios destruidos, entre ellos el de Emiliano Zapata 56, donde murieron dos personas y que estuvo vinculado a desarrolladores del esquema.
Según Contralínea, hasta mayo de 2024 se habían identificado 133 inmuebles irregulares en 36 colonias de Benito Juárez. La magnitud del daño es tal que cientos de compradores enfrentan hoy problemas legales para acreditar sus propiedades. Y el gobierno capitalino, como quien intenta limpiar el derrumbe, ha buscado regularizar los inmuebles y convertir algunos en oficinas públicas o viviendas para damnificados del mismo terremoto.
La iniciativa de Arturo Ávila no es menor: abrir una comisión especial en San Lázaro podría empujar a nivel federal una investigación que hasta ahora se ha llevado en lo local, con resistencias políticas evidentes. Y es que tocar al presidente del PAN —uno de los partidos con aspiraciones presidenciales en 2030— no es cualquier cosa.
En este tablero de ajedrez político e inmobiliario, la transparencia sigue siendo la pieza más sacrificada. Y mientras las banquetas de la Benito Juárez crujen con cada temblor, los ciudadanos se preguntan si alguna vez habrá justicia para los que vendieron pisos ilegales como si fueran penthouses de impunidad.
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