Por Bruno Cortés
En México, hablar de pensiones del bienestar ya no es novedad. Desde hace algunos años, se ha convertido en uno de los pilares del discurso social y político. Pero hay una conversación pendiente, que hasta hace poco apenas se asomaba en el Congreso: ¿y qué pasa con los millones de mexicanos que viven fuera del país y que, después de décadas de trabajo, envejecen sin una pensión, sin respaldo, y a veces sin derechos?
En la Cámara de Diputados, se celebró el conversatorio “Por una Pensión del Bienestar más allá de las fronteras”, encabezado por la diputada Liliana Ortiz Pérez, del PAN. La iniciativa reunió a legisladoras de distintos partidos y representantes de organizaciones migrantes como la Red Nacional de Jornaleros en Estados Unidos. Y la pregunta central fue clara: ¿cómo garantizamos una vejez digna para quienes construyeron sus vidas en el extranjero, pero siguen siendo mexicanos?
Los datos son duros. Sólo el 15% de los migrantes mexicanos mayores de 65 años logra acceder a algún ingreso por jubilación. La mayoría trabajó en sectores como el campo, la construcción, el servicio doméstico o la hotelería, donde la informalidad y la evasión de responsabilidades por parte de los empleadores son pan de cada día. Es decir, trabajaron mucho, aportaron a la economía de dos países, pero hoy no tienen pensión ni ahorro, y envejecen en condiciones de enorme vulnerabilidad.
Por eso, las diputadas hicieron un llamado conjunto: urge construir una política pública que reconozca a la diáspora mexicana no solo como fuente de remesas, sino como sujetos de derechos. Y no se trata solo de buenas intenciones. Ya se está hablando en serio de propuestas legislativas para que los años trabajados en el extranjero puedan contar para una pensión en México. Es lo que llaman portabilidad de derechos. Y suena lógico: si eres mexicano, tus derechos deberían acompañarte, vivas donde vivas.
La diputada Marcela Guerra Castillo, del PRI, advirtió que el contexto no ayuda: la política migratoria de Estados Unidos se está endureciendo y las remesas han comenzado a bajar. Esto no solo afecta a las familias que dependen de ese ingreso, también pone en evidencia que México necesita hacer algo más que agradecer el envío de dólares. Tiene que proteger a su gente.
Desde el PVEM, la diputada Deliamaria González Flandez subrayó que se trata de un tema de unidad, justicia y dignidad. Y es que muchas veces, los migrantes quedan en un limbo: no reciben apoyos de Estados Unidos porque están en situación irregular, y tampoco califican para programas sociales en México porque no residen aquí. Están doblemente excluidos. Por eso, el llamado fue claro: construir una política social transterritorial, que abrace a quienes viven lejos, pero siguen sintiéndose parte de esta tierra.
También estuvo presente la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza (PAN), quien recordó que México ha firmado acuerdos internacionales que reconocen la protección social como un derecho humano. Y eso incluye pensiones. Así que, más allá de la discusión partidista, toca al Congreso avanzar en una legislación que garantice este derecho sin importar en qué parte del mundo se encuentre la persona.
¿Y el gobierno federal? Las legisladoras esperan que la nueva administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, tenga la sensibilidad y la visión para impulsar esta causa. No como un favor, sino como un acto de justicia para quienes, aunque estén lejos, no han dejado de ser mexicanos. Porque una pensión no solo es un ingreso: es reconocimiento, es seguridad, es decirle a alguien que su vida laboral valió la pena.
La discusión apenas empieza, pero la semilla ya está plantada. Y con más de 39 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos, ignorarla ya no es opción.
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