Por Bruno Cortés
En medio del ruido político que no baja ni en vacaciones, el diputado Elías Lixa Abimerhi, del PAN, soltó una bomba legislativa: propone que cualquier funcionario público que colabore con el crimen organizado sea castigado con la pena máxima que permita la ley. ¿La razón? Porque hoy, aunque suene increíble, el Código Penal no castiga de forma directa ni ejemplar a los servidores públicos que trabajan para el narco. Así como lo lees.
Desde el Senado, en la Comisión Permanente, Lixa habló sin rodeos: “Todos los días aparecen más pruebas, señalamientos y casos donde integrantes del Estado mexicano tienen vínculos con el crimen organizado. Ya sea porque les pasan información, porque los protegen o porque directamente forman parte de la estructura criminal”.
Por eso, su iniciativa busca reformar el Código Penal para que esa complicidad tenga consecuencias severas. “Queremos que la ley diga, con todas sus letras, que si un servidor público se vuelve parte del crimen, se le castigue con todo el peso del Estado. Así de claro”, dijo el legislador yucateco. Y sí, esto implica que esa persona enfrente penas comparables a las de cualquier capo.
Pero también dejó ver que esta propuesta necesita algo más que buenas intenciones: requiere voluntad política. “Ojalá la mayoría en el Congreso tenga el valor de apoyarla”, soltó, lanzando indirectas a Morena y sus aliados.
El tema, además, viene cargado de contexto internacional. Se le preguntó a Lixa si esta iniciativa responde a la presión del gobierno de Estados Unidos, que —según algunos reportes— estaría empujando para que México investigue a políticos supuestamente ligados con el crimen. Su respuesta fue clara: México no puede actuar solo por urgencias de otros gobiernos. La prioridad, dijo, debe ser la realidad mexicana, y no las agendas externas.
“Confundir los problemas arancelarios con la responsabilidad del Estado en seguridad es un error. Cada tema debe tratarse con seriedad propia”, explicó.
Pero la agenda del panista no se quedó ahí. También se metió con otro tema espinoso: la libertad de expresión. Criticó las sanciones económicas que ha impuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a ciudadanos por opinar sobre políticos, lo cual —dijo— raya en el abuso de poder.
Recordó que su compañero Federico Döring, junto con la diputada Paulina Rubio Fernández y otros panistas, presentaron una propuesta para que la ley electoral se modifique y no se considere calumnia electoral cuando un ciudadano o periodista critica a un político. “Me parece un exceso que se castigue la opinión con multas. Es peligrosísimo para la democracia”, remató.
Así que entre golpes al narcopoder desde dentro del Estado y la defensa del derecho a criticar sin miedo, Elías Lixa se está metiendo a dos de los temas más calientes del país: el poder del crimen dentro del gobierno y los límites de la libertad de expresión en tiempos electorales.
¿Tendrá eco su iniciativa? Eso dependerá, como siempre, del músculo político… y de qué tanto quieran realmente combatir la corrupción desde adentro.
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