Por Bruno Cortés
En medio del debate sobre la seguridad fiscal y el tráfico ilegal en México, el diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, lanzó un mensaje claro: la reciente reforma a la Ley Aduanera no está haciendo lo que promete. Según él, lejos de frenar el contrabando o el llamado “huachicol fiscal” —ese fraude que vacía las arcas públicas y que se calcula en más de 600 mil millones de pesos— la reforma apenas roza el problema y deja muchas dudas sobre la efectividad del gobierno en aduanas.
Lixa señaló que, hasta ahora, el gobierno ha sido “absolutamente indolente” en la gestión de las aduanas. A su juicio, involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas que no son propias de su función ha generado corrupción, dudas y degradación entre sus integrantes. Por eso insiste en que lo que se necesita es fortalecer a la institución aduanera con un mando civil profesional, que no dependa de intereses militares ni de la improvisación de los políticos de turno.
El legislador explicó que el problema del “huachicol fiscal” no puede reducirse a una sola institución. Se trata, dijo, de una “estructura corrupta” que involucra a diversos funcionarios y que permite que millones de pesos desaparezcan del erario. Señalar solo a una institución sería injusto y simplista, cuando la magnitud del fraude demuestra que es un fenómeno sistémico.
Sobre la relación con Estados Unidos en temas de seguridad y captura de líderes del crimen organizado, Lixa fue contundente: México debe perseguir a los criminales por el daño que causan a los mexicanos, no por complacer a otro país. “Sería absurdo pensar que a un gobierno mexicano le interesa complacer a otro gobierno y no buscar la seguridad de sus familias”, afirmó.
En pocas palabras, el mensaje del PAN es que, si se quiere frenar el contrabando y el saqueo del erario, no basta con cambios superficiales en la ley. Se requiere un replanteamiento profundo del funcionamiento de las aduanas, con reglas claras, personal civil capacitado y una estructura que garantice transparencia y combate real a la corrupción.
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