Por Bruno Cortés
En la política mexicana, hay días en que las declaraciones pesan más que los resultados, y este fue uno de esos días. Desde el Senado, el diputado panista Federico Döring Casar se lanzó con todo contra el Gobierno Federal, acusándolo de montar “shows mediáticos” con los decomisos de huachicol —ese robo de combustibles que tanto daño le hace al país— sin que haya detenidos, procesados ni cuentas congeladas. Dicho en corto: puras cifras, pero sin justicia.
Acompañado por otros legisladores del PAN, como la diputada Diana Gutiérrez Valtierra, Mario Íñiguez Franco y el senador Ricardo Anaya, Döring señaló que la narrativa del gobierno, en voz del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, se queda corta frente a la realidad que vive la gente. ¿El problema? Que aunque se presume el decomiso de combustible robado, no hay consecuencias para los verdaderos responsables. Es como decir que atraparon al ladrón… pero sin mostrar a quién.
Apoyándose en datos duros, el diputado citó la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi (la ENSU), donde la percepción de inseguridad entre los mexicanos ha aumentado. “Nos sentimos más inseguros ahora que antes, incluso más que en tiempos de López Obrador”, advirtió. Y eso, dice, es un reflejo de que los decomisos no sirven si no se traducen en detenidos, cuentas congeladas o redes criminales desmanteladas.
Además, Döring arremetió contra el caso del exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, quien sí tiene una cuenta congelada, pero por huachicol fiscal, no por el robo de combustible tradicional. Lo peor, según el legislador, es que personas cercanas a Bermúdez y al grupo delictivo “La Barredora” fueron colocadas en puestos de seguridad pública en otros estados gobernados por Morena. O sea, en lugar de castigo, promoción.
Pero la crítica no paró ahí. También se lanzó contra la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, por su supuesta insensibilidad ante el caso de la maestra Irma Hernández, víctima de violencia. Döring aseguró que este tipo de omisiones se suman a un gobierno reprobado en salud y seguridad, que parece más interesado en la imagen pública que en resolver problemas de fondo.
Sobre los señalamientos que involucran a figuras de Morena, como Adán Augusto López, en presuntas redes de corrupción, el panista adelantó que la denuncia presentada por la diputada Noemí Luna se va a ampliar. Y es que siguen apareciendo nuevos contratos, conexiones y nombramientos sospechosos que, según él, dejan ver una red bien organizada entre funcionarios y grupos delictivos.
Consultado sobre si es posible aplicar la revocación de mandato, Döring puso los pies sobre la tierra: aunque muchos ya querrían votar para sacar a quienes no dan resultados, la ley exige esperar a la mitad del periodo de gobierno. Es decir, la revocación no es inmediata, pero la inconformidad ya se siente fuerte en el Congreso.
Finalmente, pidió por tercera vez que en la Comisión Permanente del Senado se discuta a fondo el presunto vínculo entre Morena y el crimen organizado. Hay propuestas sobre la mesa para crear comisiones especiales que investiguen el huachicol fiscal y las conexiones entre políticos y mafias. El objetivo, dicen, es pasar del discurso a la acción.
En resumen, mientras el gobierno celebra decomisos y presume cifras, desde la oposición advierten que sin detenidos, sin castigo y sin transparencia, todo suena más a propaganda que a estrategia de seguridad. Y en una época donde la percepción lo es casi todo, la seguridad no puede seguir siendo solo un buen discurso.
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