Por Bruno Cortés
En San Lázaro se encendió el debate después de las protestas juveniles del fin de semana. El diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del PAN, salió a decir que el gobierno debería tener más cuidado —y más responsabilidad— al hablar del derecho que tiene cualquier persona a manifestarse pacíficamente. Según Lixa, en una democracia que ha pasado por tantos golpes, lo mínimo es respetar que los jóvenes levanten la voz sin que se les persiga o se les quiera poner una etiqueta.
El panista aseguró que celebra que la juventud se organice y actúe, y adelantó que su bancada dará a conocer acciones para responder a lo que consideran un escenario de hostigamiento. Subrayó que ellos han mantenido abiertas las vías de comunicación para quienes quieran acercarse, pero que no buscan protagonizar un movimiento que, dice, pertenece a los propios jóvenes.
Lixa también acusó al gobierno de querer desviar la atención: que se hable más de los incidentes violentos en la marcha y no del “hartazgo” que, afirma, sienten muchas y muchos jóvenes frente a la administración actual. Criticó el operativo montado en el Zócalo, al que calificó como uno de los más grandes que se ha visto, con accesos restringidos y vigilancia excesiva, y cuestionó que aun así las autoridades digan que no pudieron detectar provocaciones. Para él, todo apunta a un intento de generar cortinas de humo.
Desde el Congreso, agregó, la chamba de todas las fuerzas políticas es garantizar por ley que cualquier persona pueda protestar sin miedo y sin que un gobierno use estrategias para desacreditar o distraer. Y ahí fue donde subió el tono: dijo que el gobierno prefiere inventar pretextos antes que asumir errores, y que los problemas del país —violencia, desastres naturales mal atendidos y fallas institucionales— no se maquillan con discursos.
El coordinador panista sostuvo que la juventud no está a la venta: que aunque existan programas sociales, eso no sustituye la libertad de expresión ni el derecho a exigir un país que sí responda y que sí les permita construir su futuro. “El futuro se construye con libertad”, remató.
A esta postura se sumó el diputado Federico Döring, quien reclamó que las comisiones de Derechos Humanos —la local y la nacional— “despierten” y hagan su trabajo. Recordó que la Constitución de la Ciudad de México obliga a contar con protocolos claros para proteger tanto a manifestantes como a periodistas, algo que, dijo, lleva años pendiente a pesar de casos graves como el del reportero Juan Manuel Jiménez. Según él, estas comisiones terminaron funcionando más como defensorías del poder político que de la ciudadanía, pero advirtió que seguirán exigiéndoles resultados.
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