Por Bruno Cortés
El ambiente en la Cámara de Diputados se caldeó este fin de semana con las audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Amparo, una de las discusiones más sensibles del Congreso. El diputado Federico Döring Casar, del PAN, lanzó una advertencia clara: su bancada asistirá a los foros, sí, pero “bajo protesta” y sin dar aval a lo que califica como un proceso “ilegal y simulado”.
Döring, quien además funge como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, acusó a Morena y sus aliados de forzar un procedimiento legislativo que no fue acordado en los términos originales. En pocas palabras, dijo, “esto no fue lo que se votó”. Según el panista, el partido oficial y sus socios —PVEM y PT— están montando una simulación de diálogo para aparentar apertura, cuando en realidad el resultado ya está decidido.
Con su estilo directo, el legislador explicó que el PAN acudirá únicamente para vigilar el proceso y evitar que se limite la participación ciudadana o se intimide a quienes piensan distinto. “Vamos a estar aquí observando que no intimiden, que no agredan, que no censuren, que no callen a los mexicanos que tienen una opinión crítica”, declaró.
La expresión “sabadazo” que usó Döring no fue casual. En la jerga política mexicana, se usa para describir decisiones apresuradas o votaciones de fin de semana con poca visibilidad pública, una práctica común cuando se busca avanzar sin mucho ruido mediático. Para el PAN, este formato de audiencias es justo eso: una jugada para aprobar sin contrapesos una reforma que —según la oposición— debilita la figura del amparo y los derechos ciudadanos frente al poder público.
El diputado insistió en que el proceso no tiene validez moral ni política, y dejó claro que su grupo no convalidará nada de lo que surja de estas audiencias. “Todo el proceso no merece ningún aval, ni acompañamiento del PAN”, enfatizó, asegurando que su partido votará en contra cuando la minuta llegue al pleno.
En el fondo, lo que se disputa no es solo una reforma legal, sino el papel del amparo como herramienta para frenar abusos de autoridad. Mientras Morena sostiene que la modificación busca evitar que delincuentes o evasores fiscales se escuden en el amparo, el PAN y otros partidos ven un intento de reducir los contrapesos judiciales y concentrar más poder en el Ejecutivo.
El reclamo del panismo también tiene un matiz político: cuestionan la forma en que el oficialismo maneja el Congreso, acusándolo de cerrar el debate y excluir a voces críticas, incluso en temas que tocan el corazón del Estado de derecho.
En términos sencillos, lo que está pasando en San Lázaro es una batalla entre dos visiones del país: una que busca acelerar reformas en nombre de la justicia social, y otra que advierte que hacerlo sin discusión plena pone en riesgo las libertades de todos.
Así, mientras unos defienden la “modernización” del juicio de amparo, otros —como Döring— ven en ella un intento disfrazado de debilitar las garantías que protegen al ciudadano común. Y en medio de todo, lo que queda claro es que el debate sobre el amparo no solo es legal: es profundamente político.
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