Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se dieron a conocer las conclusiones del Foro de Análisis de la Ley de Infraestructura para el Bienestar, un proyecto que busca darle un giro a la forma en que el Estado y la iniciativa privada invierten en obras públicas. La idea central es sencilla pero ambiciosa: que la infraestructura no se concentre solo en autopistas o energía, como ha pasado durante décadas, sino que se expanda a servicios que garanticen bienestar y mejor calidad de vida para todas y todos.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, explicó que la propuesta implica dejar atrás el modelo de asociaciones público-privadas, las famosas APP, para dar paso a un nuevo esquema donde el Estado mantenga la rectoría, pero con la participación del sector privado bajo reglas más claras. En palabras del legislador, lo que se busca es superar viejas limitaciones y garantizar que cada peso invertido en infraestructura se traduzca en desarrollo social.
El planteamiento no es menor: se habla de obras que acerquen agua, energía limpia, transporte digno y servicios básicos a las comunidades que hoy siguen olvidadas. “La infraestructura debe ser una puerta al bienestar”, dijo Ramírez Cuéllar, quien insistió en que junto con los ingresos de las familias y los programas sociales, este nuevo modelo puede ser la base de un desarrollo más integral para México.
El sector privado no quedó fuera del debate. Representantes empresariales y especialistas coincidieron en que sin su participación será difícil lograr la capitalización y el financiamiento necesarios. Eso sí, subrayaron que se requieren reglas claras y certeza jurídica para animar la inversión. Desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se advirtió que la nueva ley puede “igualar el piso” y permitir que servicios básicos lleguen a cualquier rincón del país, siempre bajo el liderazgo del Estado.
Expertos en financiamiento de proyectos sugirieron incluso establecer métricas para medir que los beneficios sociales realmente se cumplan, además de diseñar incentivos para que el sector privado presente propuestas de inversión que no dependan solo de convocatorias oficiales. En el ámbito energético, especialistas recordaron que no habrá desarrollo económico sin justicia energética, lo que significa garantizar electricidad en todos los hogares del país y al mismo tiempo dar certidumbre para atraer capital.
La diputada Marta Olivia García Vidaña, secretaria de la Comisión de Infraestructura, resaltó que esta iniciativa no es solo un asunto de política económica, sino de justicia social: regular las inversiones para que se traduzcan en bienestar real y fortalecer la economía nacional con la colaboración de empresas y gobierno.
El evento cerró con la entrega de conclusiones a los diputados Ramírez Cuéllar y García Vidaña, quienes se comprometieron a empujar el proceso legislativo. En resumen, la apuesta es grande: pasar de un modelo de infraestructura que favoreció grandes carreteras y megaproyectos, a uno que ponga en el centro a las personas, su derecho a la salud, a la energía y a los servicios básicos. Una ley que, si se concreta, podría marcar un antes y un después en la forma en que México construye su futuro.
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