Por Bruno Cortés
Cuando las cifras se vuelven tragedias cotidianas, ya no hay forma de mirar hacia otro lado. La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del PRI, alzó la voz con un mensaje directo: en México, ser niña o niño se ha vuelto una condena, y el Estado no puede seguir siendo espectador. En conferencia de prensa, y con el respaldo de su bancada, pidió a la Fiscalía General de la República que atraiga los casos más recientes de asesinatos de menores en Chihuahua, Estado de México, Baja California y Sonora. ¿El objetivo? Que las investigaciones no se queden a medias, evitar que los responsables escapen con impunidad y garantizar justicia real para las víctimas y sus familias.
Pero Jasso Nieto no se quedó solo en la denuncia. Presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente en el que también exige reforzar las estrategias de protección a la infancia. Pidió que las autoridades —desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta los gobiernos estatales y municipales— se tomen en serio la crisis. Que pongan más presencia en las zonas más golpeadas por la violencia y se dediquen a desmantelar las redes criminales que están reclutando menores para actividades ilícitas.
En pocas palabras: que el gobierno actúe, no solo reaccione.
Durante su intervención, la diputada fue clara y dura: no basta con atrapar culpables de vez en cuando. Lo que urge es evitar que estos crímenes ocurran. Dijo que mientras el país se desangra, la ausencia del gobierno federal es tan grave como la violencia misma. Y los datos respaldan su enojo. De enero a mayo de este año, según cifras de la Red por los Derechos de la Infancia, 958 niñas, niños y adolescentes murieron. De ellos, 332 fueron asesinatos violentos. Sí, homicidios. Lo más alarmante: la mayoría eran niños, y los estados con más casos son Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Jalisco.
Jasso Nieto también se dirigió directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Le exigió que garantice justicia para cada una de estas víctimas. No con discursos, sino con investigaciones serias, profesionales y libres de corrupción. Porque cuando la negligencia institucional se suma a la violencia del crimen organizado, la infancia queda completamente indefensa.
Además de pedir justicia, la diputada propuso implementar programas de reinserción social y atención psicológica para menores que han sido víctimas o testigos de violencia. También para aquellos que, por distintas circunstancias, fueron reclutados por grupos criminales. Porque no se trata solo de castigar a los culpables, sino de evitar que los mismos errores se repitan generación tras generación.
Desde su lugar en la Comisión de la Niñez y Adolescencia, Jasso Nieto insistió en que la respuesta debe ser integral. Seguridad pública, protección social y justicia no pueden caminar por separado. El Estado mexicano tiene la obligación —legal y moral— de cuidar a su niñez, y cada niña o niño asesinado es prueba de que no lo está haciendo.
En su mensaje final, la diputada fue tajante: no podemos dejar que estos crímenes se conviertan en una estadística más, ni que las familias de las víctimas tengan que cargar solas con el duelo y la impunidad. La infancia en México debe ser una prioridad, no una víctima más de la violencia estructural.
Y mientras el país sigue sumando nombres a una lista que nunca debió empezar, la exigencia es simple, pero urgente: que nadie más tenga que enterrar a un niño por culpa de la indiferencia institucional.
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