Por Bruno Cortés
Imagina que un día abres la llave y no sale ni una gota de agua. No por falla del sistema, sino porque legalmente se permitió cortarla por completo. Justo eso es lo que la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), quiere evitar con una reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Su idea es sencilla pero poderosa: que el acceso al agua en los hogares no pueda ser restringido totalmente, sin importar las circunstancias.
Con esta propuesta, se busca que los gobiernos estatales, municipales y el de la Ciudad de México estén obligados a garantizar que todas las personas tengan acceso a agua suficiente, limpia, segura y a un costo accesible para uso doméstico. Es decir, que sin importar si hay deudas, crisis o sequías, nunca se pueda cortar el suministro en su totalidad a una familia.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y llega en un momento bastante delicado. La situación del agua en México es crítica: presas casi vacías, sequías prolongadas, contaminación de ríos y una demanda que sigue creciendo. Por eso, la diputada advierte que ya no basta con buenos deseos o llamados a cuidar el agua; se necesitan reglas claras que protejan a las personas antes que a los intereses económicos.
Aguilar Gil sostiene que el agua no debe verse solo como un negocio o un recurso que se puede cortar para presionar a la gente. Es un derecho humano básico, como la salud o la educación, porque sin agua no se puede vivir dignamente. Sin este recurso no se puede cocinar, limpiar, bañarse, hidratarse o prevenir enfermedades. Y si el Estado falla en garantizarla, también falla en proteger otros derechos.
Además, recuerda que el agua no solo es para beberla. Es clave para sembrar, producir alimentos, mantener limpia una ciudad y sostener comunidades enteras. De ahí que legislar para protegerla no es un capricho, sino una obligación. El Estado debe prevenir abusos, investigar cuando se niegue este derecho, sancionar a quien lo viole y reparar daños a la población cuando haya negligencia.
En pocas palabras: esta reforma quiere dejar claro, por ley, que el agua en casa no es un privilegio, es un derecho. Y que ni gobiernos ni empresas pueden cerrar la llave por completo, porque sin agua no hay vida, ni salud, ni justicia.
































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