Por Bruno Cortés
En la política mexicana, suele hablarse de reformas, convenios y constituciones como si fueran piezas frías de un rompecabezas legal. Pero cuando esas leyes aterrizan en la vida real, lo que está en juego son derechos, oportunidades y, sobre todo, dignidad. Eso fue lo que se discutió en el Congreso, donde la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado la agenda de las mujeres indígenas en el centro de las políticas públicas.
El tema no es menor. Durante décadas, nuestra Constitución no mencionaba a las mujeres indígenas; era como si no existieran para el marco jurídico. Hoy, tras la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva y la ratificación del convenio 169 de la OIT, el Estado mexicano está obligado a garantizar derechos plenos y reconocer que México es un país pluricultural. Dicho en sencillo: ahora la ley tiene que proteger la identidad, los territorios y la forma de organización de los pueblos originarios, incluyendo a sus mujeres.
En el evento también tomó la palabra Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, quien recordó que estas políticas nacen de la dignidad y la lucha de mujeres que desde sus comunidades han sido pilares de la historia del país. Anunció que los Centros LIBRE, espacios de atención integral, se ampliarán a zonas indígenas y que la cartilla de derechos de las mujeres ya se tradujo a 35 lenguas para llegar a más comunidades. Además, propuso un encuentro nacional que defina la agenda de trabajo para lo que se ha llamado el Año de la Mujer Indígena.
Hubo otras voces importantes. Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Conapred, puso sobre la mesa un ejemplo muy claro: que hablar una lengua indígena no puede seguir siendo motivo de discriminación, como ocurre cuando una mujer no recibe atención médica solo porque no se comunica en español. La representante de ONU Mujeres en México, Moni Pizani Orsini, señaló que estas mujeres son guardianas de la vida y de las culturas, pero también advirtió que todavía enfrentan racismo, barreras lingüísticas y falta de acceso a recursos.
La magistrada Larisa Ortiz Quintero recordó que el Día Nacional de la Mujer Indígena fue un logro legislativo impulsado por la diputada Irma Juan Carlos, y llamó a no quedarse solo en la conmemoración, sino a avanzar en la Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Desde el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, Isabel Bastida Francisca fue tajante: no basta con celebrar un día, se requieren espacios de decisión real. Expuso cifras duras: el 40.6% de las mujeres indígenas de 15 años o más sufre algún tipo de violencia. Y lanzó un mensaje de sororidad: solo unidas, mujeres indígenas y no indígenas, será posible erradicar las distintas formas de violencia que las afectan.
Al final, el consenso fue claro: reconocer la riqueza cultural de los pueblos indígenas no puede quedarse en discursos. Se necesitan presupuestos etiquetados, sistemas de protección efectivos para defensoras, educación intercultural de calidad y paridad real en todos los niveles de gobierno. Dicho en corto, que las mujeres indígenas no solo sean vistas como parte de nuestra historia, sino como protagonistas de nuestro presente y futuro.
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