Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano ya se abrió un tema que muchos veían venir, pero pocos se habían atrevido a aterrizar: ponerle reglas claras a la inteligencia artificial. Y no se trata solo de discursos futuristas; esta vez llegó una iniciativa concreta, impulsada por la diputada Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano, para modificar la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
La propuesta tiene una meta muy sencilla de explicar, aunque enorme en alcance: definir por primera vez en ley qué es la inteligencia artificial. Sí, aunque México usa IA en apps de gobierno, salud, seguridad y hasta trámites, irónicamente no existe todavía una definición legal que diga qué estamos regulando.
La diputada plantea que la IA debe entenderse como cualquier sistema que pueda analizar su entorno y actuar de forma autónoma para cumplir objetivos. En términos simples: máquinas y programas que “piensan” lo suficiente para tomar decisiones sin que les estén picando botones todo el tiempo.
Una vez con eso claro, la iniciativa empuja algo más grande: que los gobiernos —federal, estatal y municipal— incluyan en sus políticas públicas la creación de alianzas de investigación, redes científicas y cooperación tecnológica para que México deje de solo consumir tecnología y empiece a producirla de manera seria.
Pero no solo se trata de innovación por innovación. El planteamiento central es que la IA se use para resolver problemas nacionales —desde salud y educación, hasta productividad y servicios públicos— siempre bajo un marco ético y con respeto a los derechos humanos. Es decir, que la tecnología sirva a la gente sin vulnerar su privacidad, sin sesgos y sin poner en riesgo empleos de forma descontrolada.
En la explicación de motivos, Muñoz Moreno reconoce lo que todo mundo intuye: la IA avanza más rápido que las leyes. Y si México no actúa, quedará rezagado frente a regiones como la Unión Europea, que ya cuenta con regulaciones robustas basadas en principios éticos, seguridad y supervisión algorítmica. Mientras allá ya discuten qué usos son aceptables y cuáles deben apagarse, aquí todavía no existe ni el concepto legal.
La diputada también pone el dedo en los riesgos: pérdida de empleos por automatización, algoritmos que pueden discriminar, invasión de privacidad o difusión masiva de información falsa. Y explica que por eso urge fijar reglas, porque sin control, la IA puede convertirse en un problema más que en una solución.
Al final, la iniciativa busca que México se ponga al día con estándares internacionales y no solo desde la técnica, sino desde la protección a la gente: dignidad, derechos y gobernanza responsable. La apuesta es crear un marco legal que permita usar IA sin miedo, sin abusos y con beneficios reales para la población.
Muñoz Moreno llamó a especialistas, organizaciones y otros legisladores a subirse a la discusión. En otras palabras: el Congreso ya encendió el motor para regular la IA, pero necesita copilotos para que el país no choque en la curva tecnológica.
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