Por Juan Pablo Ojeda
El llamado “Alligator Alcatraz”, un centro de detención migratoria ubicado en los Everglades de Florida, se encuentra en el centro de una tormenta política, judicial y diplomática. Actualmente, 78 ciudadanos mexicanos permanecen detenidos ahí, de un total de 384 personas recluidas, según confirmó el Consulado General de México en Miami.
La situación ha generado atención nacional e internacional, especialmente tras la orden de una juez federal en EE.UU. para cerrar el centro de manera inmediata, al considerar que su construcción violó leyes ambientales y posiblemente derechos humanos.
Desde hace semanas, el cónsul general Rutilio Escandón ha encabezado inspecciones directas en el lugar. En su quinta visita oficial, acompañado del área de Protección Consular, entrevistó a 14 connacionales, sumando ya 119 mexicanos atendidos directamente por el consulado.
“Constatamos que todos se encuentran en buenas condiciones, escuchamos sus preocupaciones y solicitamos que reciban un trato digno y atención médica adecuada”, expresó Escandón a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales.
Avances migratorios y contacto con familiares
El reporte detalla que las personas detenidas pueden comunicarse diariamente con sus familias y que sus procesos migratorios están en curso. Las autoridades estadounidenses estiman que muchos de ellos podrían ser liberados en los próximos días, ya sea para su retorno a México o traslado a otros centros.
Mientras tanto, el consulado aseguró que continuará brindando apoyo legal y emocional, y dará seguimiento puntual a cada caso. “Nuestro compromiso es firme: acompañar y proteger a nuestros connacionales en cualquier centro donde se encuentren”, puntualizó el cónsul.
Un centro en la mira judicial
La presión no solo viene desde México. Esta misma semana, la jueza federal Kathleen Williams ordenó el cierre inmediato del centro, debido a múltiples irregularidades. Argumentó que el gobierno estadounidense ignoró por completo los procesos legales básicos, incluida la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), al construir un centro de detención en un ecosistema altamente sensible como los Everglades.
“El daño ya causado es significativo e irreversible si no se actúa de inmediato”, determinó la jueza, ordenando el desmantelamiento total de la instalación en un plazo de 60 días y la suspensión de cualquier nueva detención en ese lugar.
La situación evidencia no solo una crisis migratoria, sino también una falta de coordinación institucional y el reto de proteger los derechos humanos en medio de políticas migratorias más agresivas. Mientras tanto, la diplomacia mexicana continúa trabajando a contrarreloj para garantizar el respeto y la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero.
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