Por Juan Pablo Ojeda
El gobierno de Estados Unidos busca bajar la tensión tras la detención de Nicolás Maduro y enviar un mensaje claro: la operación militar ya concluyó y el siguiente paso será judicial. Así lo aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio, quien confirmó que el líder venezolano fue arrestado por personal estadounidense y enfrentará un juicio penal en tribunales de ese país.
La información fue revelada por el senador republicano Mike Lee, quien relató en redes sociales una conversación directa con Rubio. Según explicó, el secretario de Estado le precisó que las acciones militares registradas en las últimas horas tuvieron un objetivo muy específico: proteger al personal estadounidense encargado de ejecutar la orden de arresto contra Maduro. No se trató, dijo, de una ofensiva con fines de ocupación o de un conflicto prolongado.
Lee subrayó que Rubio le dejó claro que no se anticipan nuevas operaciones militares en Venezuela ahora que Maduro se encuentra bajo custodia. En ese sentido, el senador defendió que el actuar del presidente se encuadra en las facultades constitucionales del Ejecutivo para proteger a ciudadanos y personal estadounidense ante amenazas inminentes, aun cuando la facultad formal de declarar la guerra corresponde al Congreso.
Más temprano, el propio presidente Donald Trump confirmó públicamente la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. De acuerdo con su mensaje, ambos fueron sacados del país por vía aérea tras un operativo realizado en coordinación con fuerzas del orden de Estados Unidos. Trump calificó la acción como un “ataque a gran escala”, aunque dejó entrever que el capítulo militar está cerrado y que ahora el proceso se trasladará al ámbito judicial.
La postura del gobierno estadounidense apunta a presentar el hecho como una operación puntual, enfocada en hacer cumplir la ley y no en abrir un nuevo frente bélico en América Latina. Sin embargo, el impacto político es profundo: la detención de un presidente en funciones y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos penales marca un precedente que sacude el tablero regional y plantea interrogantes sobre las repercusiones diplomáticas y legales que vendrán en los próximos días.
Deja una respuesta