Por Bruno Cortés
En la política mexicana pocas cosas se dicen sin doble filo, y esta semana una frase de la senadora panista Lilly Téllez hizo explotar un debate nacional que va más allá de los gritos entre partidos: ¿qué significa realmente «traición a la patria» y quién la está cometiendo?
Todo comenzó cuando Téllez, desde su escaño en el Senado, dijo algo que a muchos les sonó fuerte —y a otros, lógico—: que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, es bienvenido a ayudar a México a combatir a los cárteles del narco. Lo dijo en inglés, en Fox News, y sin rodeos. Eso desató una tormenta.
La presidenta Claudia Sheinbaum, desde su ya tradicional conferencia mañanera, la comparó con los conservadores del siglo XIX que querían traer a un emperador europeo a gobernar México. Sí, así de grave lo puso: un acto de traición a la patria, según ella.
¿Pero qué es lo que está en juego aquí? Lo que dijo Téllez toca un tema espinoso: la cooperación con otro país para resolver un problema que claramente el Estado mexicano no ha podido controlar por completo —el poder del crimen organizado. La senadora no habló de que entren tropas, ni de que México se rinda ante un poder extranjero. Habló de ayuda. Y esa palabra, en política, lo cambia todo… o no, según de qué lado estés.
Enseguida, los liderazgos de Morena salieron a responder con todo. La senadora Andrea Chávez subió un video acusándola de traición a la patria con base en el artículo 123 del Código Penal Federal, que castiga a quien busque someter al país a un gobierno extranjero. Chávez no dejó espacio a la duda: “Eso no solo es indigno, es criminal”.
Téllez no se quedó callada. Desde su cuenta de X (antes Twitter), acusó a Chávez de no saber leer la ley, y de confundir “ayuda” con “intervención”, como si fuera lo mismo recibir apoyo que entregar el país. Y fue más allá: dijo que si realmente se va a hablar de traición, se debería investigar a los políticos de Morena que tienen presuntos nexos con el narco.
Ahí es donde la discusión se puso seria, porque nos sacó del chisme político y nos metió en el terreno de lo estructural: ¿quién ha dejado que organizaciones criminales controlen territorios, amenacen a candidatos y manipulen elecciones?
La líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, también arremetió contra Téllez, diciendo que su ambición la lleva a vender al país. Pero no presentó argumentos legales, sino morales: que la juzgará la historia. Y eso, en política, es tanto como decir “no tengo pruebas, pero tampoco dudas”.
En medio de todo esto, la senadora panista insistió en que su postura está protegida por la libertad de expresión y la inviolabilidad parlamentaria, que significa que los legisladores pueden emitir opiniones políticas sin temor a ser perseguidos judicialmente por ellas. Afirmó que su intención es proteger a los mexicanos, no entregarles el país a los gringos.
Y aunque muchos vieron sus declaraciones como una provocación a la soberanía, también es cierto que México ya tiene acuerdos de cooperación internacional en seguridad, desde intercambio de inteligencia hasta capacitación policial. No es nuevo. Lo nuevo es que se diga de forma tan abierta y en inglés, y justo con Trump de regreso en campaña.
En el fondo, esta pelea revela algo incómodo para todos los partidos: el crimen organizado ha llegado a niveles de poder que ponen en duda la soberanía real del Estado mexicano. Entonces, ¿quién traiciona más a la patria? ¿El que pide ayuda o el que voltea a otro lado mientras los cárteles imponen su ley?
La respuesta, como siempre en política, depende del color del cristal (o del partido) con que se mire. Pero lo que queda claro es que acusar de traición no es solo un argumento legal, sino una herramienta de ataque político que puede terminar distrayendo de lo verdaderamente urgente: el crimen organizado sigue ganando terreno y el pueblo sigue perdiendo seguridad.
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