Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se vivió un foro que puso el dedo en la llaga de una deuda histórica: la discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en México. La diputada Evangelina Moreno Guerra, de Morena, dejó claro que no se trata de un tema de moda ni de discursos huecos, sino de una urgencia real que exige transformar las leyes en herramientas vivas. Ella habló de una “triple discriminación” que combina género, origen étnico y pobreza, y que en la práctica margina a miles de mujeres en tribunales, hospitales y espacios de decisión política.
La apuesta es clara: no basta con tener leyes escritas, se necesitan jueces con sensibilidad intercultural, políticas públicas que hablen en las lenguas originarias y, sobre todo, más mujeres indígenas al frente de instituciones clave como el INPI. En este sentido, la diputada pidió directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que sea una mujer quien dirija dicho instituto, como un símbolo pero también como un paso concreto hacia el cambio.
La discusión no se queda en las palabras. En el Congreso ya se presentó la reforma al artículo 2° constitucional, que obliga a gobiernos federal, estatales y municipales a reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos, a erradicar la discriminación y abrirles las puertas a la justicia en sus propios términos. Eso significa intérpretes en los juicios, defensores que entiendan la diversidad cultural y un reconocimiento real al pluralismo jurídico del país.
La diputada recordó que 2025 fue declarado el Año de la Mujer Indígena y que cada vez más se visibiliza su situación. Sin embargo, las cifras de la CEDAW muestran que persisten los obstáculos: pobreza, violencia, migración y falta de oportunidades siguen siendo barreras que frenan la igualdad.
Por eso se habló de políticas públicas tangibles, como las casas de las mujeres indígenas que brindan atención en salud reproductiva y asesoría legal en lenguas originarias, o los programas del Plan Nacional de Desarrollo que han transferido recursos directamente a comunidades, reduciendo la pobreza y fortaleciendo la economía local.
Dolores Padierna, también de Morena, complementó señalando que ya está en curso la consulta de la Ley General que hará efectivas estas reformas en las constituciones estatales, y que incluso se aprobó un presupuesto especial para que las comunidades puedan manejar recursos directamente. Además, anunció que en este periodo legislativo se votarán 18 leyes en favor de las mujeres, incluyendo medidas contra la brecha salarial y reformas para que todos los juicios se hagan con perspectiva de género.
En suma, el mensaje del foro fue directo: la justicia con perspectiva indígena y de género no es un favor, es un derecho. Y lo que se busca es que las mujeres indígenas pasen de ser vistas como víctimas históricas a convertirse en protagonistas del presente político y social de México.
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