Carlos Lara Moreno
El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, defendió las reformas a la Ley de Amparo recientemente aprobadas por el Congreso, al afirmar que no limitan derechos ni vulneran libertades, sino que modernizan el sistema judicial, acortan tiempos y cierran la puerta a los abusos que durante años distorsionaron el sentido de este mecanismo de protección.
Durante su exposición, Arturo Zaldívar sostuvo que la campaña que busca presentar las modificaciones como un retroceso es “absolutamente falsa”, pues el espíritu de la ley se mantiene intacto: proteger a las personas frente a actos de autoridad.
“El amparo ha sido y seguirá siendo el instrumento jurídico más importante del país. No se restringe su acceso ni se limita la defensa de los derechos humanos. Se trata de hacerlo más ágil, más moderno y más accesible”, afirmó.
Amparo digital y claridad en el interés legítimo
El exministro explicó que la reforma da un paso decisivo hacia la justicia digital, lo que permitirá reducir costos, acelerar procesos y acercar el sistema judicial a los ciudadanos.
Aclaró además que no se elimina el interés legítimo, figura que permite la defensa de causas colectivas, comunitarias y ambientales.
“La nueva redacción sólo precisa sus elementos esenciales para dar mayor certeza. Los derechos colectivos, los difusos y la protección del medio ambiente siguen plenamente tutelados”, destacó.
Combate al lavado de dinero y uso indebido de suspensiones
Zaldívar Lelo de la Rea detalló que una de las principales novedades es la restricción de suspensiones en casos de bloqueo de cuentas relacionadas con lavado de dinero, medida dirigida a impedir que la delincuencia financiera se ampare para liberar recursos ilícitos.
“El amparo no puede ser un refugio para delincuentes. Si alguien demuestra el origen lícito de su dinero, tendrá suspensión. Si no, la ley garantiza que conserve un mínimo vital para pagar salarios, impuestos y pensiones”, explicó.
También precisó que no habrá suspensión cuando el solicitante carezca de permiso o concesión federal, evitando que el amparo sustituya la autorización legal de la autoridad correspondiente.
Créditos fiscales: sin privilegios ni dilaciones
Respecto al ámbito fiscal, Arturo Zaldívar señaló que la reforma busca acelerar el cobro de créditos firmes y frenar la práctica de alargar indefinidamente los litigios para evadir responsabilidades con el fisco.
“Cuando un crédito ya fue declarado firme, las etapas del cobro no podrán impugnarse una y otra vez. Eso no elimina defensas, simplemente evita que los procesos se extiendan por años y afecten al erario”, apuntó.
Sin retroactividad y con respeto al debido proceso
El funcionario desmintió que las reformas sean retroactivas o afecten procesos en curso:
“Los amparos en trámite continuarán conforme a la ley anterior. Solo las etapas futuras se regirán por la nueva legislación. No se tocan derechos adquiridos ni resoluciones previas.”
En ese contexto, criticó a quienes —dijo— difunden versiones falsas por intereses económicos o políticos, incluidos algunos exjueces y litigantes “vinculados al viejo sistema y a grandes deudores fiscales”.
“El amparo se fortalece, no se debilita”
Zaldívar concluyó que la reforma preserva la esencia del juicio de amparo como orgullo nacional, al hacerlo más rápido, claro y eficaz.
“El amparo no se toca, se fortalece. Sigue siendo la herramienta que garantiza los derechos de las personas, pero ahora también impide su uso como escudo para el abuso o la corrupción”, afirmó.
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