Por Bruno Cortés
El pleito político subió de nivel y ahora llegó directo a la mesa del árbitro electoral. El diputado Arturo Ávila Anaya, de Morena, presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE una denuncia que acusa al PAN de operar un esquema de propaganda disfrazada, contratos irregulares y presunto uso indebido de dinero público. En pocas palabras: que los azules habrían armado una campaña “ciudadana” que, según él, no era tan ciudadana.
La historia empezó con Edson Saúl Andrade Lemus, presentado en varios medios como un joven apartidista que criticaba al gobierno sin recibir un solo peso. Pero los papeles que Morena llevó al INE apuntan a otra cosa: un contrato por más de dos millones de pesos y un pago inicial de 175 mil. Para Ávila, eso muestra que había una estrategia para mover mensajes políticos bajo la fachada de activismo independiente.
Desde ese punto, la denuncia se pone más pesada. El diputado asegura que esto no es un simple error administrativo, sino una cadena de violaciones que van desde propaganda simulada hasta aportaciones prohibidas, pasando por el uso indebido de recursos públicos. En cristiano: que el PAN habría movido dinero para financiar contenidos disfrazados de opinión ciudadana, lo cual rompe con las reglas electorales que exigen equidad y transparencia.
El diputado también pide que el INE audite a fondo al partido, porque —dice él— no solo se trata del caso de Andrade Lemus. Para respaldar su dicho, Ávila recordó que la propia presidenta del PAN en la CDMX, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, reconoció en un debate televisado que sí existía un contrato para financiar el trabajo del joven y de otras siete personas. Según Ávila, eso abre una caja de preguntas: ¿cuántos contratos similares existen?, ¿cómo se está moviendo el dinero?, ¿qué actividades se están financiando en realidad?
Lo grave, según la denuncia, es que habría una estructura diseñada para simular pagos, registrar servicios que no corresponden y cubrir otras operaciones internas. Y si esto se confirma, el golpe podría ser serio: el diputado advierte que incluso podría poner en riesgo el registro del PAN, ya que se trataría de una falta considerada grave por la ley electoral.
Por eso pide un procedimiento de oficio —es decir, que el INE investigue sin necesidad de que alguien más lo solicite— porque, según él, ya hay hechos públicos y notorios: un “activista independiente” que no era independiente, un financiamiento que no se declaró como tal y un reconocimiento público de contratos que, para Morena, prueban el esquema irregular.
Ahora el balón está en la cancha del INE. Si la autoridad concluye que hubo propaganda encubierta o uso indebido de recursos, el caso puede escalar a sanciones fuertes. Si no, quedará como un capítulo más de la guerra electoral donde cada partido intenta demostrar que el otro juega chueco.
Por lo pronto, este episodio vuelve a recordarnos que, detrás de cada “influencer ciudadano”, muchas veces hay contratos, estrategias y presupuestos que no siempre salen a la luz… hasta que alguien decide llevarlos al INE.
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