La presidenta de la Cámara de Diputados frena la discusión exprés de la reforma hídrica y advierte que las demandas del campo siguen sin respuesta.
En un ambiente de tensión política dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, Kenia López Rabadán marcó su raya frente a la intención de apresurar la discusión de la nueva Ley de Aguas. Aunque dejó claro que su conducción se apegará a la institucionalidad, expresó su desacuerdo con el procedimiento «al vapor» impulsado por la mayoría parlamentaria, argumentando que existen sectores del campo que claman por ser atendidos antes del «martillazo» final.
«No estoy de acuerdo en este fast track, no estoy de acuerdo en esta modificación», sentenció la legisladora, poniendo sobre la mesa la necesidad de prudencia legislativa. Sin embargo, con el oficio político que el recinto exige, matizó que si el Pleno, en su soberanía, decide modificar el orden del día para adelantar el debate, ella conducirá la sesión «con honorabilidad y con ética», respetando los ordenamientos internos.
La maniobra para acelerar los tiempos nació en la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Durante la reunión previa, se informó que la propuesta lleva la firma de Ricardo Monreal Ávila (Morena), Ivonne Ortega (MC), Carlos Alberto Puente (PVEM) y Reginaldo Sandoval (PT). En la otra esquina del cuadrilátero legislativo, firmaron en contra los coordinadores José Elías Lixa (PAN) y Rubén Ignacio Moreira (PRI), evidenciando la fractura en torno a la premura del dictamen.
El argumento central de la presidencia de la Mesa no es burocrático, sino social. Kenia López Rabadán recordó que apenas esta semana se reunió con campesinos y productores representantes de 11 estados del país, quienes solicitaron detener la aprobación para dar más tiempo al análisis. No solo les preocupa el agua como motor de desarrollo, sino la inseguridad que azota al campo mexicano, dos temas que, aseguró, no pueden divorciarse en la legislación.
«La Ley de Aguas es una ley que va a impactar de manera directa a casi 600 mil personas que tienen en este momento una concesión», advirtió López Rabadán, subrayando que hay voces reclamando que, hasta el momento, han topado con pared.
Mientras al interior se cocinaban los acuerdos, al exterior del recinto de San Lázaro el escenario era otro. Tractores, camiones y agricultores rodearon la sede en una manifestación que la propia presidenta calificó de «absolutamente respetuosa». Reconoció la disposición al diálogo de los manifestantes, quienes buscan certeza jurídica para sus tierras y cultivos, ejerciendo su derecho a la protesta de manera pacífica.
La moneda está en el aire y será el Pleno quien decida si la discusión se da hoy mismo. De ser así, la presidencia garantizó un debate plural y ético, aunque la advertencia sobre la falta de consenso social ya quedó registrada.
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