Por Juan Pablo Ojeda
Un juez federal otorgó este miércoles las primeras suspensiones provisionales contra la recolección de datos biométricos —como huellas dactilares y fotografía— que exige la nueva CURP con biométricos, establecida tras la reforma a la Ley General de Población (LGP) publicada el pasado 16 de julio.
La decisión responde a amparos promovidos por Víctor Manuel Carrillo Solís y Alejandro García Lumbreras, quienes impugnaron la constitucionalidad de dicha reforma.
El juez Oswaldo Rivera González, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, señaló que la entrega de datos biométricos puede tener consecuencias irreversibles, por lo que determinó que la suspensión es procedente mientras se analiza a fondo la legalidad de la reforma.
“Mientras la entrega de los datos biométricos puede ser irreversible, la suspensión provisional sí puede ser revocable”, apuntó el juez.
¿CURP con biométricos es obligatoria?
La reforma a la Ley General de Población establece que la CURP con biométricos será documento oficial de identificación, obligatorio y de aceptación nacional en formato físico y digital.
Sin embargo, el texto legal también estipula que la integración de los biométricos debe contar con el consentimiento expreso de cada persona. Es decir, quienes no acepten entregar sus datos podrán seguir utilizando la CURP tradicional.
A pesar de la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido públicamente en que la recolección de datos biométricos será voluntaria, destacando su utilidad en casos como la identificación de personas desaparecidas.
Audiencia clave y debate en derechos digitales
El juez Rivera González ha programado una nueva audiencia para el 1 de septiembre, en la que decidirá si otorga suspensiones definitivas a los promoventes, las cuales se mantendrían hasta el cierre del juicio de amparo.
En paralelo, organizaciones de derechos digitales han advertido que el uso obligatorio de biométricos podría derivar en una infraestructura de vigilancia masiva, con posibles afectaciones a la privacidad y la protección de datos personales.
En junio pasado, especialistas señalaron riesgos de exclusión, discriminación y violaciones a derechos fundamentales, ante la posibilidad de que esta información se cruce con la Plataforma Única de Identidad.
Por su parte, el funcionario Pepe Merino, director de la Agencia de Transformación Digital, defendió que el sistema operará dentro del marco legal, con consentimiento informado y bajo control judicial.
¿Qué sigue?
La resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma recaerá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que renovará próximamente a varios de sus ministros tras el arranque del nuevo periodo constitucional.
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