Por Juan Pablo Ojeda
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 5 millones de pesos, en una audiencia realizada este martes 17 de febrero en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Durante la continuación de la audiencia de imputación, el juez de control determinó que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal, luego de que la Fiscalía General de la República presentó 38 datos de prueba en su contra. Las acusaciones señalan que Duarte habría desviado recursos federales en 2012 que estaban destinados a programas sociales para niñas, niños y personas adultas mayores.
De acuerdo con la Fiscalía, el programa contemplaba originalmente 10 millones de pesos, pero solo 5 millones se aplicaron al objetivo social previsto. El resto, presuntamente, fue transferido a cuentas del gobierno estatal cuando debió reintegrarse a la Tesorería de la Federación, lo que configura el posible daño al erario.
Con esta nueva vinculación, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor ordenó que Duarte permanezca bajo prisión preventiva justificada y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Esto significa que seguirá interno en el Reclusorio Norte mientras la Fiscalía fortalece su caso.
La resolución impacta directamente en las aspiraciones del exmandatario de obtener su libertad anticipada. Duarte había cumplido alrededor del 95 por ciento de una sentencia de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, y su defensa buscaba que pudiera salir en abril de 2026, tras acreditar más de 3 mil 125 días de prisión de los 3 mil 285 establecidos en su condena.
Sin embargo, este nuevo proceso complica ese escenario. Aunque estuviera por concluir la sentencia previa, la vinculación a proceso por peculado abre un frente legal distinto que puede prolongar su permanencia en prisión.
Cabe recordar que la audiencia de imputación fue aplazada en tres ocasiones debido a la ausencia de su defensa. En la última diligencia previa, Duarte solicitó un nuevo aplazamiento argumentando que sus abogados se encontraban hospitalizados. La Fiscalía consideró que podría tratarse de una estrategia dilatoria, ya que en ocasiones anteriores se habían presentado justificaciones similares. El juez advirtió que no se permitirían más retrasos y fijó una fecha definitiva para continuar el proceso.
Tras esos aplazamientos, la defensa pidió la ampliación del término constitucional para definir la situación jurídica del exgobernador, lo que llevó a que fuera hasta este martes cuando se resolviera su vinculación a proceso.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate la rendición de cuentas de exgobernadores y el seguimiento de recursos federales transferidos a los estados, un tema que ha marcado la agenda anticorrupción en México durante la última década.
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