Por Juan Pablo Ojeda
Después de casi 20 años en prisión preventiva, Israel Vallarta finalmente recuperó su libertad este 1 de agosto de 2025, saliendo del penal de máxima seguridad del Altiplano con una mezcla de alivio, dignidad y una exigencia de justicia que no se apaga. Su liberación fue posible gracias a una sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de Toluca, tras una revisión de su caso impulsada por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que por años acompañó su defensa.
Vallarta fue detenido en 2005 en un operativo que pasará a la historia por haber sido montado y transmitido en vivo como si fuera auténtico. Aquel caso —protagonizado también por Florence Cassez, la ciudadana francesa liberada en 2013— se convirtió en uno de los episodios más escandalosos del sistema judicial mexicano. Mientras ella salió libre con el respaldo del gobierno francés, él quedó atrapado en el laberinto judicial mexicano, sin sentencia, sin voz y, como denunció más de una vez, víctima de tortura física y psicológica.
Al salir del penal, acompañado por su esposa Mary Sainz, Vallarta no guardó silencio. Frente a las cámaras que ahora sí captaban un momento real, aseguró que la verdad “se iba a imponer tarde o temprano” y acusó directamente a Luis Cárdenas Palomino, uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, de haberle ofrecido dinero a cambio de callar sobre la verdad del operativo.
Su abogado, Arturo Robles Feria, calificó esta resolución como un acto de justicia tardía, pero crucial. “Israel Vallarta fue torturado por el Estado mexicano, privado de su libertad sin una sentencia durante dos décadas. Su caso es un espejo de lo que no debe repetirse”, afirmó. Y tiene razón: su historia es ahora un símbolo de las grietas profundas del sistema penal en México.
El proceso de revisión legal reveló que el juez original no solo desechó pruebas clave, sino que también ignoró los informes de organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU, que documentaron su deterioro físico y mental. La omisión fue tan grave que el tribunal no tuvo más opción que reabrir el caso y dictar la absolución definitiva.
Desde redes sociales, el Instituto Federal de la Defensoría Pública celebró el fallo, pero con un tono reflexivo: lo calificó como “un emblema de injusticia prolongada” y reafirmó su compromiso con otros casos similares, donde prevalece la tortura, la fabricación de pruebas o la prisión preventiva sin fin.
Vallarta, por su parte, ya adelantó su nueva misión: buscar justicia para quienes aún están encerrados sin sentencia. “No quiero justicia solo para mí, sino para todos los que han sido silenciados por intereses políticos”, declaró.
Su salida no es el fin, es el comienzo de otra batalla: la de convertir su caso en una palanca para cambiar un sistema que, por años, le falló a él y a muchos más.
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