Carlos Lara Moreno
La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó esta mañana que el Gobierno de México mantiene procesos judiciales nacionales e internacionales para recuperar recursos y sancionar a empresas que defraudaron al país durante la pandemia de COVID-19, entre ellas la inglesa Diva Enterprise, que incumplió la entrega de mil ventiladores pagados por el IMSS.
Buenrostro explicó que el contrato se firmó el 4 de abril de 2020, por un monto de mil 416 millones de pesos, con pago anticipado del 100%.
Sin embargo, la empresa nunca entregó los equipos comprometidos: sólo devolvió el equivalente a 300 ventiladores y envió 50 más, quedando pendientes 650 aparatos.
“Estamos presionando desde 2020 el reembolso completo. La empresa quiso engañar, diciendo que otros ventiladores entregados por otra compañía eran suyos, pero se documentó que no era cierto”, dijo.
El caso derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y en un juicio en Londres, ya que el contrato se firmó bajo jurisdicción inglesa.
“El despacho Peters and Peters lleva el caso; en diciembre serán las audiencias y todo indica que ganaremos porque la materialidad del engaño está acreditada: no entregaron los ventiladores”, afirmó.
Ventiladores Philips y alerta sanitaria
La funcionaria también abordó el tema de los ventiladores Philips utilizados durante la emergencia sanitaria. Recordó que en junio de 2021 la FDA de Estados Unidos y Cofepris emitieron alertas por fallas tecnológicas en esos equipos.
Con el fin de la pandemia en mayo de 2023, caducó el registro sanitario de uso de emergencia, por lo que todas las instituciones debieron retirar los equipos.
“Verificamos físicamente que en el sector público ya no están en uso. Algunos fueron devueltos a la empresa, y Cofepris abrió una investigación porque detectó que seguían comercializándose incluso en plataformas digitales”, precisó.
Plataforma Nacional de Transparencia
Buenrostro también defendió la labor de su dependencia en la depuración tecnológica y seguridad informática de la Plataforma Nacional de Transparencia. Aseguró que el sistema fue recibido con virus, troyanos y fallas estructurales, además de expedientes incompletos.
“Había páginas que redirigían a casinos y tiendas en línea. Todo eso se depuró. No desapareció la información, se limpió el sistema y ahora tiene mayor estabilidad”, puntualizó.
Destacó que hoy la plataforma cuenta con un validador criptográfico y auditorías forenses, además de mejoras en la búsqueda de solicitudes, seguimiento de quejas y protección de datos personales.
“El Fonden era inoperante, opaco y corrupto”
Finalmente, la secretaria ofreció una exposición sobre la historia y fallas del extinto Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), creado en 1999. Aseguró que el mecanismo “era burocrático, tardío y plagado de irregularidades”.
“El Fonden podía tardar hasta 120 días en reaccionar. Los recursos se usaban con opacidad, con sobreprecios de hasta 375%, y no llegaban a la gente. Todo se quedaba en obras públicas o pagos de gobiernos estatales”, señaló.
Ejemplificó con casos documentados por la Auditoría Superior de la Federación, como los huracanes Ingrid y Manuel y los sismos de 2017, donde se detectaron pagos irregulares, obras fallidas y desviaciones de fondos.
A diferencia de ello, afirmó que en la administración actual, “la atención a desastres es directa y más rápida”, como ocurrió con los huracanes Otis, John y Erick, en los que “se apoyó a más de 500 mil personas en pocos días y con menos recursos”.
“Hoy los apoyos llegan directo a la población y no se pierden en la burocracia”, concluyó.
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