Por Bruno Cortés
La discusión en la Cámara de Diputados volvió a girar en torno a un tema que toca directamente la vida de la gente: cómo hacer que la inversión pública y privada no solo detone la economía, sino que también cierre las brechas sociales. La diputada Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Morena, presentó su propuesta de una Ley de Inversiones Mixtas para el Bienestar, un modelo que busca que cada peso invertido tenga un impacto real en la salud, la educación, la vivienda y la conectividad, más allá de la rentabilidad inmediata.
Jiménez Godoy dejó claro que su propuesta no es un simple esquema financiero, sino un marco legal que ponga en el centro la justicia social. Habló de transparencia, reglas claras y órganos colegiados que garanticen que los recursos no se pierdan en burocracia ni en corrupción. La idea es sencilla: que los proyectos de infraestructura no sean monumentos de concreto, sino herramientas que transformen la vida cotidiana.
El diputado Edén Garcés respaldó la iniciativa y adelantó que Morena dará la batalla en el Presupuesto de Egresos 2026 para priorizar la inversión pública en todo el país. En su visión, la propuesta de Gabriela Jiménez se alinea con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues plantea portafolios de proyectos que generen empleos, modernicen la infraestructura y den un impulso a la innovación y la tecnología.
Clara Cárdenas, también diputada de Morena, remarcó que la política no tiene sentido si no se traduce en soluciones reales para la ciudadanía. Por eso, insistió en que esta ley es heredera de experiencias previas, pero con candados contra los errores del pasado, buscando que cada peso invertido rinda cuentas claras. Para ella, infraestructura significa un hospital que salva vidas o una escuela que abre oportunidades, no solo varillas y cemento.
La propuesta también recibió el respaldo de voces externas. Especialistas como Gisselle Moran Jiménez señalaron que este modelo mixto puede ser un punto de partida para detonar confianza en México como destino de inversión, mientras que Adolfo González Olhovich, del CONARED, recordó que el país requiere cerca de 20 billones de pesos para atender las necesidades de infraestructura pendientes. Según dijo, solo con la unión del Estado, el sector privado y la sociedad se podrá avanzar en conectividad, movilidad, salud y educación.
La iniciativa contempla la participación de Afores y capital privado bajo un esquema de certeza jurídica, con órganos de gobernanza que blinden la corrupción y promuevan la competencia justa. El objetivo es que la infraestructura deje de ser una deuda pendiente y se convierta en motor de desarrollo sostenible, incluyente y con rostro humano.
En el Congreso, la discusión no fue técnica ni lejana, sino clara: se trata de decidir si las inversiones del país seguirán midiendo su éxito en ganancias o si, de ahora en adelante, lo harán en el bienestar que aporten a millones de mexicanos.
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