Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se armó un debate que va más allá de los números y llega a la vida diaria de millones de mexicanos: ¿qué tanto ayudan los impuestos a los refrescos y al tabaco a mejorar la salud pública y a reforzar la recaudación? El foro, convocado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, reunió a legisladores, especialistas y organizaciones civiles para discutir un tema que, aunque no es nuevo, hoy vuelve a colocarse en el centro de la conversación política y social.
Ramírez Cuéllar recordó que esta discusión siempre ha sido intensa dentro del Congreso, pero ahora toma un nuevo giro porque forma parte del Paquete Económico enviado por el Ejecutivo. La intención, dijo, es abrir el diálogo y escuchar todas las voces, no solo a las empresas o a un sector de la población.
La diputada Casandra Prisilla de los Santos, del PVEM, subrayó que aumentar los impuestos a bebidas azucaradas no es una ocurrencia, sino una estrategia de Estado que busca prevenir enfermedades crónicas como la diabetes. De hecho, compartió su experiencia personal: lleva más de 20 años viviendo con esa condición y está convencida de que una política de prevención podría evitar que más niños y familias enfrenten lo mismo.
En esa línea, la diputada Beatriz Andrea Navarro, de Morena, se mostró entusiasta con la medida, pues también desde su propia experiencia de salud encontró en estos impuestos una señal de esperanza. Puso como ejemplo a Chiapas, donde el consumo de refrescos llega a niveles alarmantes y donde este tipo de medidas puede hacer la diferencia en comunidades con fuerte rezago social.
El diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, respaldó la idea de los llamados “impuestos saludables”. Destacó que son necesarios para frenar las campañas que promueven productos dañinos y que además se requiere un monitoreo puntual: cada seis meses debería evaluarse su impacto en la salud.
Desde la academia, Luz Myriam Reynales, del Instituto Nacional de Salud Pública, recordó que México forma parte del convenio marco para el control del tabaco desde 2004. Gracias a los gravámenes, la prevalencia del consumo ha bajado de 27 a 15 por ciento en poco más de dos décadas, sobre todo en los grupos más vulnerables. Sin embargo, alertó que el mayor foco de riesgo está en jóvenes de 15 a 24 años, donde el consumo sigue siendo preocupante.
En la voz de la sociedad civil, Erik Antonio Ochoa, de Salud Justa, advirtió que el país vive una coyuntura histórica que exige medidas firmes. Alejandra Macías, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, puso los números sobre la mesa: con impuestos bien diseñados, México podría reducir en 19 por ciento la obesidad en adultos, lo que equivale a seis millones de personas que no desarrollarían esta condición. Además, destacó que la recaudación extra de 10 mil millones de pesos por tabaco y hasta 30 mil millones si se incluye el alcohol, podría ayudar a reforzar un sistema de salud que hoy solo recibe 2.6 por ciento del PIB, insuficiente para garantizar atención universal.
Así, entre testimonios personales, cifras duras y la presión de un sistema de salud debilitado, el debate sobre los impuestos a refrescos y tabaco no se reduce a cuánto más pagaremos en la tienda. Es, en realidad, una conversación sobre el futuro de la salud pública, la prevención de enfermedades y la forma en que el país financia su derecho a la salud.
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