Por Juan Pablo Ojeda
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ingresó a sus registros de custodia al empresario mexicano Rafael Zaga Tawil. La detención se oficializó en el Centro de Detención del Condado de Glades, una instalación penitenciaria ubicada en el estado de Florida, donde el individuo permanece retenido bajo protocolos de revisión migratoria.
En México, Zaga Tawil mantenía el estatus de prófugo de la justicia federal. La Fiscalía General de la República lo requiere por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, derivado de una operación financiera que representó un daño al erario de 5 mil millones de pesos a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El origen estadístico del quebranto se remonta al año 2014. Durante la administración de Alejandro Murat al frente del Infonavit, el organismo descentralizado otorgó diversos contratos a la empresa Telra Realty, corporativo del cual Rafael Zaga Tawil fungía como apoderado legal, para implementar dos programas específicos: movilidad hipotecaria y regularización de cartera vencida.
Tres años después, en 2017, la directiva del Instituto experimentó un cambio de gestión bajo el mando de David Penchyna. El nuevo consejo de administración determinó la rescisión de los vínculos comerciales con Telra Realty, argumentando inconsistencias técnicas y una contratación de origen clasificada como indebida para los estándares operativos del organismo.
La cancelación contractual derivó en un proceso de negociación extrajudicial que culminó con un acuerdo indemnizatorio. El Infonavit autorizó y ejecutó una transferencia de 5 mil millones de pesos a las cuentas de Telra Realty como compensación por los presuntos daños y perjuicios ocasionados por la rescisión unilateral de los programas hipotecarios.
Las firmas que avalaron la salida de estos recursos pertenecían a la plana directiva del Instituto. Omar Cedillo Villavicencio, entonces secretario general, y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, excoordinador general jurídico, rubricaron el convenio. Ambos exfuncionarios fueron posteriormente procesados y detenidos bajo el cargo de delincuencia organizada por la habilitación de este pago.
El cerco judicial contra los beneficiarios corporativos se cerró en 2020, cuando un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil. Actualmente, la intervención del ICE en Florida responde a normativas de estancia legal, procedimiento administrativo que antecede a las gestiones diplomáticas para una eventual deportación o extradición hacia territorio mexicano.
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