Por Juan Pablo Ojeda
La organización Human Rights Watch (HRW) lanzó una dura crítica contra el Gobierno de Estados Unidos por la manera en que presentó su más reciente informe anual sobre derechos humanos. De acuerdo con la organización, el documento fue recortado y manipulado políticamente, lo que debilita su credibilidad y pone en riesgo tanto a defensores de derechos humanos como a solicitantes de asilo.
Según HRW, el Departamento de Estado eliminó secciones clave que habían sido habituales en años anteriores, como las que documentaban violaciones contra mujeres, personas LGBTI, personas con discapacidad, corrupción gubernamental y libertad de reunión pacífica. Para Sarah Yager, directora de HRW en Washington, esto representa “un ejercicio de encubrimiento y engaño”.
La versión 2024 del informe, correspondiente al primer año del nuevo gobierno de Donald Trump, también muestra un sesgo geopolítico evidente. Se redujeron o eliminaron las críticas hacia aliados estratégicos como El Salvador, Israel y Rusia, mientras se intensificaron los señalamientos contra países como Brasil y Sudáfrica, considerados rivales por la nueva administración.
En el caso de Israel, por ejemplo, el informe omite por completo el desplazamiento forzado de civiles palestinos, el uso del hambre como arma y la interrupción de servicios esenciales como agua y atención médica en Gaza. HRW asegura que estas acciones podrían constituir crímenes de guerra o incluso actos de genocidio.
En El Salvador, donde Estados Unidos ha comenzado a deportar personas hacia cárceles de máxima seguridad como el penal de Cecot —duramente criticado por violaciones a los derechos humanos—, el informe asegura que “no hay reportes creíbles de abusos significativos”, algo que HRW considera falso y alarmante.
HRW también alertó que la omisión de estos datos compromete la función del informe como herramienta para el Congreso de EE.UU., que depende de esta información para evaluar y fiscalizar la política exterior del país.
Además, el documento reconoce las graves violaciones que ocurren en países como Haití, Venezuela, Honduras, Nepal, Nicaragua y Afganistán, pero paradójicamente, el gobierno de Trump ha cancelado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de esas naciones, dejándolos en una situación de mayor vulnerabilidad.
Para HRW, el recorte de secciones críticas y la eliminación de información clave no solo afecta el rigor del informe: también envía el mensaje de que algunos abusos pueden ser ignorados si son cometidos por aliados estratégicos. Yager advirtió que esta manipulación convierte un documento que históricamente ha sido un pilar del apoyo global a los derechos humanos en una herramienta política que blanquea a gobiernos autoritarios y socava los estándares internacionales.
En un contexto internacional donde las democracias enfrentan crecientes desafíos, la politización de este tipo de informes, advierte HRW, no solo daña la imagen de Estados Unidos, sino que debilita la lucha global contra los abusos y fortalece a los regímenes autoritarios.
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