Por Juan Pablo Ojeda
En medio de una creciente disputa política con la administración del presidente Donald Trump, la Universidad de Harvard anunció el cierre de sus oficinas enfocadas en el apoyo a estudiantes de minorías, mujeres y personas LGBTQ, como parte de una reorganización institucional que algunos consideran una respuesta directa a la presión del gobierno republicano.
La decisión, comunicada por el decano David J. Deming a través de un correo electrónico interno, implica que más de 50 personas —entre ellas, 15 becarios— serán reubicadas en la nueva Oficina de Cultura Académica y Comunidad (OCC), dentro de la Fundación Harvard. A pesar de la eliminación de las estructuras anteriores, el decano aseguró que los servicios para los estudiantes “seguirán disponibles”.
“Materializamos nuestro compromiso de apoyar a todo nuestro alumnado y fomentar una comunidad donde personas de todos los orígenes, perspectivas y experiencias puedan aprender, crecer y prosperar juntas”, expresó Deming.
Un giro ante presión federal
El anuncio se produce en un momento delicado para Harvard, que ha estado en el centro de las críticas del gobierno de Trump por supuestas fallas en el combate al antisemitismo, la supuesta violación de derechos civiles de estudiantes judíos, y su enfoque en políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Según reportes del diario estudiantil Harvard Crimson, en abril pasado, abogados de Trump enviaron un memorando confidencial a la universidad recomendando la eliminación de la Fundación para las Relaciones Interculturales y Raciales, la cual fue posteriormente renombrada como parte del proceso de reestructuración.
Medidas que satisfacen demandas de Trump
El cierre de estas oficinas parece cumplir varios de los requisitos impulsados por la administración republicana, que ha buscado limitar los programas DEI en universidades públicas y privadas, argumentando que generan divisiones ideológicas y discriminación inversa.
Además de estas medidas, Trump también ha impulsado acciones más agresivas contra Harvard, como intentar prohibir la matrícula de estudiantes extranjeros y congelar más de 2 mil millones de dólares en fondos federales, lo que actualmente se debate en un tribunal de Boston.
El conflicto se inscribe en una campaña más amplia del expresidente y su base para frenar lo que consideran una “agenda progresista” en las instituciones educativas, especialmente en temas de género, raza, e inclusión.
¿Qué implica para el futuro académico?
Si bien Harvard insiste en que los servicios no desaparecerán sino que serán canalizados por una nueva estructura, expertos en política educativa advierten que esta transformación podría significar una reducción real en el enfoque institucional sobre equidad y diversidad, aunque se mantenga el discurso inclusivo.
Con estas acciones, la Universidad parece buscar un equilibrio entre mantener su reputación académica global y no poner en riesgo sus relaciones con el gobierno federal, en un contexto donde los recursos, la autonomía universitaria y el discurso político chocan de manera frontal.
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