Por Juan Pablo Ojeda
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, salió a aclarar la información sobre las recientes detenciones vinculadas al Cártel de Sinaloa en España y puso un punto clave sobre la mesa: se trató de una operación realizada totalmente por las autoridades españolas, no por el gobierno mexicano.
En conferencia de prensa, Harfuch explicó que esta investigación no es nueva y que comenzó desde 2023. Detalló que, de las nueve personas detenidas recientemente, algunas ya habían sido arrestadas en el pasado por las autoridades españolas, pero en su momento quedaron en libertad. Ahora, en una nueva fase del operativo, se volvió a detener a este grupo, entre el que se encuentran dos personas de nacionalidad mexicana, una originaria de Jalisco y otra de Sinaloa.
El funcionario subrayó que, aunque existe una buena relación y coordinación entre los gobiernos de México y España, esta fue una acción local, ejecutada en territorio español y bajo sus propias leyes. Señaló que incluso hay un delegado del Centro Nacional de Inteligencia de México que colabora en el intercambio de información, pero dejó claro que la operación no fue dirigida ni solicitada desde México.
Harfuch también explicó que, al tratarse de un operativo interno, el gobierno español no tenía obligación de notificar previamente a México. Fue hasta que se confirmó que entre los detenidos había ciudadanos mexicanos cuando se activaron los canales de comunicación y cooperación entre ambos países.
Sobre el modus operandi del grupo, el titular de la SSPC señaló que, en lo relacionado con aduanas, las personas detenidas transportaban mercancías como mármol y piedra, productos que en apariencia son legales, lo que refuerza la idea de que las investigaciones se centran en redes logísticas y financieras más complejas, y no únicamente en delitos evidentes a simple vista.
El mensaje del gobierno mexicano fue enfático: hay coordinación internacional y buena relación diplomática, pero cada país actúa dentro de su territorio y conforme a sus propias investigaciones. En este caso, España llevó la batuta y México colabora cuando hay connacionales involucrados.
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