Por Juan Pablo Ojeda
En medio de la polémica por la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el gobierno federal salió al paso para aclarar una cosa con todas sus letras: no hay espionaje ni censura, según aseguró José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital del gobierno federal.
Desde Palacio Nacional, durante la conferencia matutina, Peña Merino explicó que el contenido del artículo 183 del dictamen aprobado por el Senado y ahora en revisión en la Cámara de Diputados, es prácticamente idéntico al que ya estaba vigente desde 2014, cuando fue aprobado por el PAN y el PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. “El Gobierno ni espía ni censura con la nueva ley de telecomunicaciones, y ahorita lo explico”, dijo, para subrayar que no hay cambios sustanciales que permitan vigilancia sin control judicial.
El funcionario también dejó claro que la reforma no le da acceso a datos ni al nuevo regulador, ni mucho menos a la Agencia de Transformación Digital. Lo que sí establece, como ya lo hacía la ley anterior, es que las empresas concesionarias (como las de telefonía o internet) deben colaborar con las autoridades de seguridad y justicia, pero siempre bajo los términos legales ya establecidos.
Uno de los puntos que más preocupación ha generado es el de la geolocalización en tiempo real, pero Peña Merino aclaró que esta solo puede ser usada si hay una orden de un juez. Además, añadió, los datos recabados deben destruirse si no son útiles como prueba en un proceso judicial. “La nueva ley simplemente obliga a los operadores a colaborar con las autoridades, pero siempre bajo el marco legal que exige autorización judicial”, insistió.
La presidenta Claudia Sheinbaum también respondió a las acusaciones de la oposición, que ha señalado esta reforma como una forma de legalizar el espionaje gubernamental. Sheinbaum fue enfática: “Eso está prohibido, y sigue prohibido. Solo frente a una investigación contra un presunto delincuente y con orden judicial, es que se puede solicitar la geolocalización”.
El debate, que ha encendido ánimos tanto en redes sociales como en el Congreso, gira en torno al temor de que el Estado utilice herramientas tecnológicas para vigilar a ciudadanos sin justificación ni supervisión, algo que la oposición ha calificado como una regresión en derechos y libertades. Sin embargo, desde el Ejecutivo federal aseguran que lo aprobado no cambia el fondo de la ley que ya existe, y que todo uso de datos personales o ubicación debe pasar antes por la autorización de un juez.
Así, entre posturas encontradas, la discusión sigue viva en la Cámara de Diputados, donde se espera que en los próximos días se decida el destino final de esta reforma que ha puesto sobre la mesa el delicado equilibrio entre seguridad y privacidad.
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