Por Juan Pablo Ojeda
La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) expresó su respaldo unánime al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de atender la violencia, el rezago económico y social que enfrenta la entidad. El apoyo de los 32 mandatarios estatales fue interpretado como una muestra de unidad y coordinación entre los gobiernos locales y la Federación frente a uno de los mayores desafíos del país: la seguridad.
En un comunicado oficial, la CONAGO calificó la estrategia como “una oportunidad histórica para recuperar la paz, fortalecer la rendición de cuentas y reconstruir el tejido social”. La postura del organismo ocurre días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un hecho que evidenció la necesidad urgente de reforzar la presencia institucional y combatir de fondo la violencia en la región.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla más de 100 acciones concretas y una inversión superior a 57 mil millones de pesos, con objetivos que van desde fortalecer la seguridad pública hasta generar desarrollo económico con justicia social. De acuerdo con el Gobierno Federal, el programa está estructurado en 12 ejes que abarcan temas como seguridad, infraestructura, educación, salud, vivienda, cultura, género, juventud y apoyo a comunidades indígenas.
Uno de los componentes más relevantes del plan es el refuerzo de la presencia de las fuerzas federales, con el despliegue de 10 mil 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, además de mil 781 efectivos de la Secretaría de Marina, concentrados principalmente en las zonas más conflictivas del estado, como Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Estas acciones se complementarán con un fondo estatal adicional de 2 mil 700 millones de pesos destinado a reforzar la seguridad y los programas sociales locales.
Sheinbaum subrayó que el plan no se limita al uso de la fuerza, sino que busca atacar las causas estructurales de la violencia a través de la educación, la creación de empleos y el impulso a la economía local. “La paz no se construye con balas, sino con oportunidades”, habría expresado durante la presentación del programa.
Entre las acciones inmediatas destacan inversiones en electrificación rural, caminos, agua potable, hospitales, vivienda y becas educativas, así como el impulso de programas productivos que permitan reactivar las economías regionales. La intención, señaló el gobierno federal, es que Michoacán se convierta en un modelo de reconstrucción social y desarrollo equilibrado.
La CONAGO, por su parte, asumió el compromiso de dar seguimiento puntual a los avances del plan, impulsar la participación ciudadana y promover políticas públicas que garanticen transparencia y resultados medibles. Se prevé que los informes de progreso se realicen de forma quincenal, mientras que los reportes de resultados se publicarán cada mes.
Con este acuerdo, los gobiernos estatales refrendan su disposición para colaborar con la Federación en el diseño de una estrategia nacional de pacificación que, más allá de Michoacán, pueda replicarse en otros estados del país. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia representa, según los propios gobernadores, un punto de inflexión en la manera en que México enfrenta la inseguridad: con coordinación, recursos y una visión integral que combina justicia, desarrollo y educación.
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