Por Bruno Cortés
En el laberinto de la política mexicana, hay quienes prefieren moverse en lo oscurito, y hay quienes tiran directo. Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT, pertenece sin duda a los segundos. Durante la última sesión de la Comisión Permanente en el Senado, soltó una serie de declaraciones que mezclan propuestas de ley, acusaciones de crimen organizado y fuego cruzado entre partidos.
Vamos por partes, porque hay de todo.
Primero, la parte legislativa. Mejía Berdeja anunció que su bancada va con todo para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se metan al tema de la extorsión, ese delito que se ha vuelto pan de cada día en muchos estados del país, donde los comerciantes tienen que pagar “cuota” para que no les quemen el local o les hagan daño. La idea, explicó, es modificar el artículo 73 de la Constitución para darle al Congreso la facultad de crear una ley general contra la extorsión, algo que hasta ahora no existe. También quieren reformar el Código Penal Federal para que se castigue incluso la tentativa de extorsión, es decir, que no sea necesario que haya un pago de por medio para que se castigue a quien amenaza.
“Es que el tipo penal está incompleto. Así no hay forma de judicializar bien estos casos”, dijo. O sea, muchas veces, aunque se sepa quién está extorsionando, no hay herramientas legales suficientes para procesarlo.
Además, quieren meterle mano al artículo 20 de la Constitución para que nadie sentenciado por extorsión pueda salir anticipadamente de prisión con beneficios de preliberación, como ya se hizo con el secuestro. Porque sí, hoy por hoy, un extorsionador condenado puede salir antes de tiempo. Y eso, claramente, no ayuda.
Ahora, lo que subió de tono fue cuando lo cuestionaron por un asunto del pasado: supuestos vínculos de corrupción de quien fue secretario de Seguridad en Tabasco durante su gestión. Mejía tomó distancia: “yo no tuve conocimiento de nada de eso”, dijo. Y luego soltó lo que parecía llevar preparado: que cualquier imputación es bienvenida porque muestra que “no hay intocables”.
Pero ahí no terminó el show.
El diputado también arremetió contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acusándolo de orquestar una persecución política en su contra. ¿El motivo? Según él, haber dicho públicamente que Coahuila es la capital del huachicol y el número uno en consumo de cristal. En pocas palabras, denunció la existencia de una “paz narca”, en la que —según sus palabras— el Cártel de Sinaloa controla el estado y tiene metida a la policía estatal en el bolsillo.
Como era de esperarse, estas denuncias no le han salido gratis. Asegura que le han mandado ataques políticos, incluso desde el Congreso local, a través de un diputado del PAN, que —dijo sin rodeos— “se alquila al PRI en Coahuila”. En su visión, ser el único que “les dice las cosas por su nombre” lo ha convertido en blanco.
Y para rematar, soltó un argumento que retumba: “Dicen que no hay homicidios en Coahuila, pero eso no quiere decir que haya seguridad. Es el quinto estado en violencia familiar, primero en cristal, primero en huachicol. Eso también es inseguridad”.
Así las cosas: mientras el Congreso prepara reformas contra la extorsión, en paralelo se desatan acusaciones de narcopolítica y persecuciones. La política mexicana nunca es aburrida.
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