Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano, las diferencias entre partidos suelen ser cosa de todos los días. Pero lo que está pasando entre Lilly Téllez, senadora del PAN, y Lilia Aguilar Gil, diputada federal del PT, ya cruzó la raya del debate político y se convirtió en una bronca personal de alto voltaje.
Todo explotó —otra vez— durante una sesión de la Comisión Permanente este jueves, cuando Lilia Aguilar publicó un video en su cuenta de X (antes Twitter), donde acusó a Lilly Téllez de querer “reventar” la sesión. Hasta ahí, nada nuevo. Lo escandaloso fue lo que dijo después: sugirió que la panista podría estar drogada. Sí, así tal cual: «No estamos seguros si la verdad está drogada o ha venido sobria», dijo Aguilar frente a la cámara, para después solicitar formalmente una prueba antidoping contra su colega.
La cosa no se quedó en palabras. Aguilar hizo pública la exigencia de esa prueba, aunque no explicó bajo qué procedimiento legal o reglamentario se podría realizar algo así a una senadora. Pero el video fue suficiente para calentar otra vez el ambiente entre ambas.
Esta confrontación no es nueva. Viene de semanas atrás y tiene como punto clave un incidente ocurrido el 30 de junio, también en el Senado. Ese día, durante una protesta en la tribuna, Téllez usaba un megáfono para exponer su postura. En los videos se ve cómo Lilia Aguilar se acerca y corta el cable del aparato, mientras increpa verbalmente a la panista. Téllez no respondió con gritos, pero sí presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por agresión y abuso de poder. También solicitó medidas de protección para que la diputada del PT no se le acerque.
Lilly Téllez declaró que, ser legisladora no le da derecho a Aguilar a “abusar del poder ni a agredirla”, y advirtió que no se va a dejar intimidar. Su mensaje fue directo: “¡No me van a callar!”.
Más allá del chisme político, lo preocupante es lo que este episodio revela del nivel de crispación en el Congreso. Lo que debería ser un espacio para discutir políticas públicas —seguridad, salud, economía— se ha vuelto un ring personal, donde se lanzan acusaciones de consumo de drogas, agresiones físicas, denuncias judiciales y hasta llamados al antidoping. Todo, en un contexto donde la población espera resultados, no espectáculos.
Este tipo de episodios dañan la imagen del Congreso y alimentan la percepción ciudadana de que la política está más enfocada en la confrontación que en la solución de problemas. Y lo más grave: normalizan la violencia política entre mujeres, que se supone, están ahí para representar causas y construir acuerdos.
Si hay pruebas, que se presenten. Si hay faltas, que se sancionen. Pero si todo queda en declaraciones virales para ganar unos likes, entonces estamos ante un deterioro preocupante del debate legislativo.
Lo que hoy es una pelea entre dos legisladoras, mañana puede ser el pretexto para cancelar el diálogo parlamentario. Y en tiempos donde el país enfrenta retos como la inseguridad, la pobreza o el estancamiento económico, la política no puede darse el lujo de ser un circo.
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