Carlos Lara Moreno
El Gobierno federal dio un giro en la regulación del transporte y la distribución del gas licuado de petróleo (gas LP), al anunciar la entrada en vigor de dos nuevas normas emergentes que, según las autoridades, marcan un cambio de fondo en la forma en que se supervisa esta cadena energética.
La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, confirmó que mañana se publicarán en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones que, dijo, “ponen fin a la práctica de confiar únicamente en lo que declaraban las empresas y establecen, ahora sí, obligaciones verificables, técnicas y permanentes”.
Normas específicas para transporte y distribución
Hasta ahora, la NOM-007-SESH-2010 regulaba de manera conjunta tanto el transporte como la distribución del gas LP. Sin embargo, el gobierno decidió separar ambas actividades, generando dos marcos específicos:
NOM-006-ASEA-2025, para transporte, es decir, desde refinerías e importación hasta las terminales de almacenamiento.
NOM-007-ASEA-2025, para distribución, que cubre la “última milla”, desde las terminales hasta los hogares, comercios o estaciones de servicio.
“Con estas normas cada etapa tendrá instrumentos normativos propios, con obligaciones claras, inspecciones reforzadas y sanciones en caso de incumplimiento”, subrayó González Escobar.
Cuatro pilares de la nueva regulación
Mantenimiento obligatorio y comprobado. Las empresas deberán presentar pruebas periódicas de que cumplen con los programas de mantenimiento de las unidades, lo que antes quedaba a su declaración.
Pruebas técnicas de seguridad. Se incluyen inspecciones internas de contenedores y pruebas de presión hidrostática de forma regular, ya no solo en casos de accidentes.
Capacitación certificada de conductores. Los operadores tendrán que acreditar competencias técnicas y prácticas en seguridad industrial, mediante estándares avalados por el Conocer.
Tecnología de control. Todos los vehículos estarán obligados a instalar gobernadores de velocidad y GPS, con seguimiento en un centro de monitoreo administrado por la Secretaría de Energía.
“Ahora sí habrá vigilancia real”: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reforzó el anuncio y destacó que estas normas buscan cambiar un esquema de supervisión prácticamente simbólico.
“Antes solo había inspecciones visuales y se confiaba en lo que decían las empresas. Ahora se tendrán pruebas técnicas, gobernadores de velocidad y un GPS que no solo será obligatorio, sino monitoreado desde un centro de vigilancia en la Secretaría de Energía. Esto permitirá que las pipas circulen a velocidad controlada y con vigilancia permanente”, puntualizó.
La mandataria insistió en que se trata de un asunto de seguridad industrial y ambiental, más allá de un tema de tránsito.
Plazos y prioridades
Las unidades de transporte tendrán cuatro meses para acreditar el cumplimiento de la nueva norma. En la distribución, las unidades con capacidad mayor a 5 mil litros y más de 10 años de antigüedad deberán ajustarse en el mismo plazo, mientras que el resto dispondrá de seis meses.
“Se prioriza a las pipas más grandes y antiguas porque representan un mayor riesgo”, detalló González Escobar.
Inspecciones conjuntas
Además, se pondrá en marcha un programa de inspecciones coordinadas entre la Sener, la ASEA y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Estas revisiones incluirán el estado físico y mecánico de las unidades, la vigencia de permisos y registros vehiculares, así como el cumplimiento de las pruebas de seguridad.
Toda la información se integrará en una cédula única de control interinstitucional, lo que permitirá detectar inconsistencias con mayor rapidez.
Impacto esperado
El gas LP es el energético más utilizado en los hogares mexicanos y su distribución implica diariamente el movimiento de miles de pipas en todo el país. Las autoridades reconocen que, durante años, el sistema se basó en reportes de las propias empresas y en verificaciones mínimas.
Con las nuevas normas, el gobierno busca reducir los riesgos de explosiones, fugas y accidentes en carretera, así como fortalecer la confianza ciudadana en el suministro.
“Estamos convencidos de que estas medidas significan un paso adelante para proteger a la población y dar certeza a la operación de una industria que es vital para la vida cotidiana de millones de familias”, concluyó la secretaria de Energía.
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