Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano se encendió un debate que va más allá de los números y las partidas presupuestales. El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), puso sobre la mesa una verdad incómoda: la mayor parte de la pobreza extrema en México está en los pueblos originarios, comunidades que han sido marginadas durante décadas, pero sobre todo —dijo— durante los 36 años que duró el modelo neoliberal, ese que concentró la riqueza en unas cuantas manos y dejó a millones en el olvido.
Durante la inauguración del foro “FAISPIAM: Presupuesto Compensatorio, Equitativo, Justo y Proporcional para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, Sandoval habló sin rodeos: con la llamada Cuarta Transformación, existe una oportunidad histórica para que los pueblos originarios se organicen, se empoderen y exijan lo que por derecho les corresponde. Pero el gran reto está en cómo hacer que los recursos realmente lleguen a quienes más los necesitan.
El FAISPIAM, siglas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos, destina por ley el 10% del presupuesto total de infraestructura social a estas comunidades. En el papel suena bien, pero el diputado del PT lanzó preguntas que muchos funcionarios evaden: ¿quién decide qué comunidad es indígena? ¿cómo se reparte el dinero? ¿realmente alcanza? Según la Secretaría de Bienestar, son 20 mil 358 comunidades reconocidas, pero en los hechos, muchas aseguran que no aparecen en ese padrón.
Sandoval insistió en que el dinero debe ser justo y transparente, y llamó a una coordinación real entre la Secretaría de Bienestar, Hacienda, Educación, Salud y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). El objetivo, dijo, debe ser claro: que el presupuesto sirva para reducir la desigualdad y no se quede atorado en la burocracia.
Por su parte, la diputada Aracely Cruz Jiménez, también del PT, fue más directa al señalar los errores. Dijo que el fondo, tal como se maneja hoy, tiene fallas graves: muchas comunidades fueron excluidas, se generaron conflictos internos y hasta divisiones por la forma en que se reparten los recursos. Denunció que algunas reglas de operación no respetan las estructuras tradicionales de los pueblos, obligándolos a crear comités nuevos o aceptar condiciones ajenas a su cultura.
Cruz Jiménez propuso que el INPI sea el encargado de definir las reglas, respetando el catálogo de pueblos indígenas y garantizando el principio compensatorio que la Constitución establece. También exigió que las decisiones no se tomen desde los escritorios en la Ciudad de México, sino con la voz directa de las comunidades. “Si no se construye desde abajo, el programa termina siendo otra herramienta de control, no de justicia”, advirtió.
Lo que se discutió en este foro no es menor. Se trata de cómo se distribuye el dinero público entre quienes más lo necesitan. Mientras el discurso oficial presume inclusión, la realidad muestra que aún hay comunidades que siguen sin caminos, sin agua potable y sin escuelas dignas. El reto de la Cuarta Transformación, reconocen los propios legisladores del PT, es que los programas sociales no se queden en promesas y que el dinero deje de perderse en el camino entre el escritorio y la sierra.
En palabras sencillas: el país tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, y el presupuesto no puede seguir siendo solo una cifra en el papel.
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