Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano se encendió la polémica con sabor a refresco. La diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, del PRI, alzó la voz junto a Cuauhtémoc Rivera, líder de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), para rechazar el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que el gobierno busca aplicar a las bebidas azucaradas y a los llamados productos “no saludables”.
Con tono crítico y acompañada por comerciantes del país, Ruiz Moreno aseguró que este aumento no tiene nada de “saludable”, ni para las familias ni para los negocios. “No somos un país más sano, somos un país más caro”, soltó la diputada priista, al recordar que el impuesto al refresco lleva una década vigente sin mejorar los indicadores de obesidad ni de enfermedades crónicas.
El argumento de fondo, dijo, es simple: el dinero recaudado no ha ido al sistema de salud. No hay un solo fondo transparente que muestre en qué se ha gastado. Mientras tanto, los precios suben, las ventas bajan y las tienditas de la esquina —esas que mantienen viva la economía de los barrios— están pagando los platos rotos.
Y no es poca cosa. El aumento al IEPS duplicaría el costo actual, pasando de 1.60 a 3.20 pesos por litro de refresco, y además incluiría a las bebidas “light”, que pagarían tres pesos por litro. Según los datos que presentó la diputada, las ventas del pequeño comercio han caído hasta 15%, y más de 60 mil tiendas de abarrotes y misceláneas están en riesgo de cerrar si este impuesto se aprueba.
Ruiz Moreno acusó directamente a Morena de disfrazar una medida recaudatoria de política sanitaria: “Usan el argumento de la salud para seguir exprimiendo a las familias mexicanas”, señaló. Y fue más allá: “México no necesita más impuestos, necesita educación alimentaria, prevención y una canasta nutritiva que sea realmente accesible.”
El reclamo no vino solo. El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, también del PRI, advirtió que el Gobierno Federal planea incrementar otros cobros a través de la Ley Federal de Derechos, lo que pegará al bolsillo de los ciudadanos con aumentos en trámites y servicios básicos como pasaportes, museos y zonas arqueológicas. “Pedimos eficiencia en el gasto, no más recaudación”, enfatizó.
Por su parte, la diputada Abigail Arredondo hizo un reconocimiento al ejército silencioso que mantiene al país en marcha: las millones de personas que trabajan en misceláneas y tienditas, vendiendo lo que la gente compra todos los días. “Nosotros siempre vamos a velar por la justicia social y por quienes viven de su trabajo diario”, aseguró.
En la misma línea, Cuauhtémoc Rivera fue tajante: “Este impuesto no es por salud, es por dinero.” El dirigente de la Anpec explicó que el nuevo IEPS afectará directamente el consumo popular, porque el aumento se reflejará en los precios y terminará pegando en el poder adquisitivo de los consumidores. Y advirtió que el golpe no solo será económico, sino también emocional: “Va a agravar la cuesta de enero y asfixiar a quienes no tenemos seguridad social ni apoyo del Estado.”
Rivera recordó que el canal tradicional de comercio, integrado por tienditas, abarrotes y misceláneas, atiende más del 50% de la demanda nacional, y que siete de cada diez refrescos vendidos en México se compran ahí. Por eso lanzó un llamado a los legisladores: “Pónganse en nuestros zapatos, voten con sensibilidad social y detengan esta medida.”
En el fondo, el debate va más allá del refresco. Lo que se discute es cómo el Estado busca recaudar más dinero y a quién decide cobrarle la factura. Para los priistas y los comerciantes, este impuesto es la salida fácil a una mala planeación del gasto público; para el gobierno, es una forma de cuidar la salud. Lo cierto es que, entre la inflación, la crisis y los precios al alza, los mexicanos están pagando cada vez más por todo… incluso por un trago de soda.
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