Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se abrió una discusión que rara vez ocupa titulares, pero que influye directamente en cómo se investiga un delito y en si una víctima obtiene justicia o no. Durante el Primer Foro de Análisis y Prospectiva del Sistema Penal Acusatorio, especialistas coincidieron en que el principal problema del modelo de justicia penal en México no es su diseño, sino la forma en que ha sido sostenido: con pocos recursos, instituciones débiles y decisiones que cambian cada sexenio.
La explicación fue sencilla y directa. El sistema penal opera con presupuestos que no reflejan la cantidad real de trabajo que enfrenta todos los días. El maestro Samuel Ibarra Vargas señaló que no se puede pedir eficiencia cuando los recursos se asignan por inercia, como si la carga de delitos y procesos fuera siempre la misma. En la práctica, esto se traduce en Ministerios Públicos saturados, con cientos de investigaciones abiertas al mismo tiempo, lo que vuelve casi imposible dar seguimiento adecuado a cada caso.
Ese desgaste humano tiene efectos visibles. Cuando quienes investigan, acusan o defienden trabajan agotados, mal pagados y con contratos temporales, la justicia se vuelve lenta y desigual. Ibarra Vargas lo dijo sin tecnicismos: hablar de derechos humanos también significa hablar de condiciones laborales dignas para quienes hacen funcionar el sistema, porque nadie puede rendir bien cuando está rebasado desde el inicio.
Desde el ámbito judicial, el magistrado Moisés Molina Álvarez advirtió que el análisis del Sistema Penal Acusatorio debe ser técnico y no político. Explicó que no basta con decir si “funciona” o “no funciona” en el discurso público; es indispensable contar con indicadores claros que permitan saber qué partes del sistema requieren ajustes. Sin datos, cualquier reforma se vuelve un acto de fe y no una política pública bien diseñada. El problema, añadió, es que la falta de planeación provoca que cada nueva administración empiece de cero, repitiendo errores y frenando avances.
Otro punto crítico es la descoordinación institucional. El abogado Marco Antonio Avilés señaló que policías, fiscalías, defensorías y jueces siguen operando como islas. Cuando no hay comunicación real entre estas áreas, el sistema se vuelve lento e ineficiente. Además, la escasez de recursos no afecta a todos por igual, sino que amplía las brechas entre instituciones con mayor respaldo y otras que apenas pueden cumplir con lo básico.
El debate también alcanzó un tema especialmente sensible: la extradición. La abogada Lizbeth Padilla Sanabria alertó sobre los riesgos de permitir traslados internacionales de personas privadas de la libertad sin un control judicial estricto. Explicó que saltarse el procedimiento previsto en la Constitución y en los tratados internacionales no es un detalle menor, sino una violación directa al debido proceso. Justificarlo bajo el argumento de la seguridad nacional, dijo, abre la puerta a decisiones arbitrarias.
El mensaje que dejó el foro es claro incluso para quien no sigue la política de cerca: si la justicia penal no recibe recursos suficientes, si no se evalúa con datos y si se permite debilitar las garantías constitucionales, el sistema seguirá fallando. En ese escenario, el Congreso tiene una responsabilidad central, porque de sus decisiones presupuestales y legales depende que la justicia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad.
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