Por Bruno Cortés
En el Congreso se encendieron las alarmas por un enemigo silencioso que le pega directo al bolsillo del país: la facturación falsa y la evasión fiscal. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, lo dijo sin rodeos: este fraude representa un daño incalculable que se estima en más de un billón de pesos al año. Para ponerlo en contexto, esa cantidad equivale a financiar varias veces los programas sociales más grandes de México o a cubrir buena parte del gasto en salud y educación.
El problema no es menor ni aislado. Ramírez Cuéllar lo describió como una red donde participan políticos, funcionarios, criminales y hasta empresarios que montan empresas fantasma. Lo que hacen es emitir facturas por servicios o bienes que nunca existieron, pero que en papel sirven para deducir impuestos o, peor aún, exigir devoluciones al fisco. Es decir, no solo dejan de pagar, sino que además piden dinero extra que nunca les correspondía. El resultado: empresas reales debilitadas, proyectos públicos desfinanciados y un Estado saqueado.
Con el Paquete Económico 2026 en puerta, Morena quiere que la discusión vaya más allá de cuánto dinero se gasta y en qué. La propuesta es reformar el Código Fiscal de la Federación y revisar artículos clave como el 69, además de leyes sobre obra pública, contrataciones y adquisiciones. La intención es que los informes trimestrales del gobierno incluyan datos claros sobre cuánto pierde el país por evasión fiscal y cuáles han sido las sanciones.
El debate no se queda solo en facturas falsas. Otro frente abierto es el llamado “huachicol fiscal”: operaciones en aduanas con poca regulación que permiten meter mercancías al país sin los impuestos correspondientes. Lo que empezó como un problema con combustibles se ha expandido a todo tipo de bienes, aprovechando la debilidad del sistema aduanero. Por eso, Ramírez Cuéllar también habla de una reforma aduanera que cierre esta enorme fuga de recursos.
El mensaje que Morena quiere mandar es claro: no habrá nuevos impuestos ni aumentos de tasas, como prometió la presidenta Claudia Sheinbaum. El camino será otro: fortalecer la recaudación y cuidar las finanzas públicas atacando la evasión. Al final, se trata de justicia fiscal: que todos paguen lo que les corresponde para que el Estado tenga recursos para cumplir sus funciones sociales.
Otros legisladores de la Comisión de Hacienda, como Carol Antonio Altamirano y Ana Elizabeth Ayala, coincidieron en que esta batalla no solo es legal, sino también cultural. No basta con sancionar a los llamados “factureros”; también hay que educar y concientizar a empresarios, contadores y sociedad en general sobre la importancia de pagar impuestos de manera justa. La evasión, dijeron, termina desbalanceando todo el presupuesto y limita lo que puede invertirse en salud, educación o infraestructura.
Especialistas invitados a la mesa de trabajo fueron contundentes: las estrategias de evasión evolucionan más rápido que las herramientas legales. Se estima que más de 13 mil empresas en México se dedican a simular operaciones. Aunque los comprobantes fiscales parecen legítimos, lo que esconden son negocios inexistentes. Detectarlas es cada vez más difícil, y muchas veces las autoridades no logran judicializar los casos, lo que mantiene viva esta industria de la simulación.
El mensaje que queda es fuerte: la evasión fiscal no es un tema técnico ni aburrido, es un agujero enorme por donde se escapan recursos que deberían financiar escuelas, hospitales o carreteras. Cada factura falsa es un golpe al futuro del país, y por eso, en esta pelea, el Congreso quiere ponerse los guantes.
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