Por Bruno Cortés
En San Lázaro volvió a encenderse la conversación sobre algo que todos usamos diario pero pocos discutimos a fondo: el agua. Y esta vez, la voz que sonó fuerte fue la de la diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano, quien advirtió que la nueva iniciativa de ley hídrica —tal como está escrita hoy— podría pegarle de lleno a quienes trabajan la tierra, es decir, a quienes producen lo que nos llevamos al plato.
Ortega contó que agricultores y campesinos llevan semanas diciendo que la propuesta los deja expuestos: menos agua para sus cultivos, más trámites y una sensación de que las grandes ciudades serán las ganonas mientras el campo absorberá el golpe. En palabras de la diputada, es “una ley urbanista”, diseñada para abastecer a las capitales sin pensar en lo que eso significaría para la producción rural. Dicho de manera coloquial: si el campo se seca, la comida se encarece, y si eso pasa, todos perdemos.
Por ahora están a la espera de que la Comisión de Recursos Hidráulicos presente un dictamen final. La legisladora explicó que sería hasta ese momento cuando sabrán si se incluyeron las preocupaciones que llegaron desde ejidos, asociaciones agrícolas y productores. Y lo dejó clarito: si el texto no cambia, MC votará en contra. No es un amago, es una postura firme: no acompañarán algo que, según dicen, beneficia únicamente a las zonas urbanas y deja a los trabajadores del campo con menos herramientas para sobrevivir.
Eso sí, también matizó que estarían dispuestos a reconsiderar su voto si los ajustes realmente atienden los temores del sector agrícola. Porque más allá de tecnicismos legislativos, aquí el fondo es simple: la gente del campo siente que nadie la escucha, y cuando se sienten orillados, recurren a lo que sí tienen —sus bloqueos, sus marchas, su capacidad de paralizar el país— para que volteen a verlos. Ortega incluso justificó esta postura: “es la única manera que tienen para mantenerse vigentes”.
La diputada también subrayó que el problema no es nuevo. La comisión ha recibido a grupos campesinos, pero aún quedan voces sin atender. Y, aseguró, MC se mantendrá del lado de quien tiene razón “que en este caso es el pueblo”, frase que deja ver que en este debate el equilibrio político no les preocupa tanto como evitar que una mala ley agrave la crisis alimentaria que ya se siente en los precios del súper.
Finalmente, cuando le preguntaron por la reforma sobre revocación de mandato, que se prevé para 2026, Ortega soltó un recordatorio que sonó a advertencia: ese mecanismo debe nacer de la ciudadanía, no del gobierno ni de “diputados disfrazados”. En otras palabras, el Congreso podría abrir ese capítulo más adelante, pero la regla de oro sigue siendo que la decisión —para bien o para mal— la tomen los ciudadanos y no la clase política.
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