Por Juan Pablo Ojeda
En una medida que ha generado fuertes reacciones dentro y fuera del gobierno, Estados Unidos ha comenzado el despliegue de más de 4 mil militares en el Mar Caribe como parte de una nueva estrategia para combatir a los cárteles de la droga latinoamericanos. La operación, considerada una de las más grandes en años recientes en la región, fue confirmada por funcionarios del Departamento de Defensa a la cadena CNN.
El despliegue incluye al Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG) y a la 22 Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), los cuales han sido asignados al Comando Sur como parte de un reposicionamiento militar más amplio. Este movimiento estratégico contempla también el uso de un submarino de ataque de propulsión nuclear, aviones de reconocimiento P-8 Poseidon, varios destructores y un crucero lanzamisiles guiados, lo que subraya la magnitud de la operación.
De acuerdo con fuentes cercanas al plan, la demostración de fuerza busca proveer al presidente Donald Trump de una «amplia gama de opciones» en su política contra el narcotráfico, en momentos donde las organizaciones narcoterroristas son vistas como amenazas directas a la seguridad nacional.
Sin embargo, el despliegue ha generado inquietudes internas. Algunos funcionarios del Pentágono han expresado su preocupación sobre la capacidad real de los Marines para realizar operaciones de interdicción de drogas, una tarea típicamente liderada por la Guardia Costera. Aunque los infantes de Marina están entrenados para el combate, no necesariamente cuentan con la especialización requerida para interceptar embarcaciones en operaciones antidrogas complejas.
El uso del poderío militar en zonas tradicionalmente operadas por fuerzas de seguridad y agencias antidrogas marca un giro significativo en la estrategia de EE.UU. hacia América Latina. A pesar de que la Casa Blanca no ha detallado públicamente los objetivos específicos de la misión, todo apunta a una creciente militarización de la lucha contra el narcotráfico en la región.
Este movimiento podría tensar aún más las relaciones con algunos gobiernos latinoamericanos, especialmente si se percibe como una intervención directa o unilateral sin coordinación regional.
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