Por Bruno Cortés
En Aguascalientes se vivió un caso que, más que un problema administrativo, es un recordatorio de cómo una falla técnica puede poner en riesgo directo la vida de decenas de personas. Una nueva clínica de hemodiálisis —apenas con cinco días de operación— colapsó de golpe, dejando a más de 80 pacientes renales sin tratamiento. Y cuando hablamos de hemodiálisis, no es opcional: es un procedimiento que deben recibir varias veces por semana para seguir con vida.
Ante esto, los diputados panistas Paulo Gonzalo Martínez López y Mónica Becerra Moreno anunciaron que presentarán un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exigir al IMSS que actúe de inmediato. Según relataron, el problema se originó cuando falló el sistema de ósmosis de la clínica, lo que dejó fuera de servicio todas las máquinas. Las personas que ya tenían turno programado simplemente no pudieron ser atendidas ese día, provocando un enojo enorme entre pacientes y familias que dependen por completo de este servicio.
Los legisladores señalaron que el propio Sindicato del IMSS ha reconocido que no hay suficientes recursos ni insumos para atender a todos los pacientes que requieren hemodiálisis, un servicio que debería ser prioritario y estar garantizado. Por eso, además de exigir la reparación inmediata del sistema, pedirán a Cofepris una revisión completa de la unidad para verificar si realmente cumple con la Norma Oficial Mexicana que regula las clínicas de hemodiálisis desde 2010.
Martínez López advirtió que este colapso no es casualidad, sino la consecuencia de que México no invierte lo mínimo recomendado en salud. La Organización Mundial de la Salud sugiere destinar al menos el 6% del PIB a este sector, pero nuestro país lleva años por debajo de esa cifra. Y esos recortes se sienten justo en casos como este: equipos sin mantenimiento, falta de insumos y unidades que abren sin tener todo en regla.
Mónica Becerra fue más allá y pidió no solo reparar la clínica, sino garantizar insumos, personal capacitado y supervisión constante. También exigió que se deje de presionar o intimidar a pacientes cuando reclaman su derecho a ser atendidos y que el IMSS cubra inmediatamente las sesiones que tengan que realizarse en clínicas privadas. Su argumento es simple: la insuficiencia renal es una enfermedad crónica, y sin hemodiálisis el desenlace puede ser fatal.
El diputado Éctor Ramírez Barba recordó que para las personas con enfermedad renal, la hemodiálisis no es un lujo: es la única forma de filtrar su sangre mientras esperan un trasplante o mientras su cuerpo siga resistiendo. Y si un paciente deja de recibir sesiones, no solo se deteriora rápidamente, sino que incluso puede quedar fuera de la lista de trasplantes por no cumplir condiciones mínimas de salud.
Lo ocurrido en Aguascalientes expone una falla que va más allá de una clínica: muestra los huecos en el sistema de salud y la urgencia de invertir más, supervisar mejor y garantizar que los servicios vitales nunca dependan de instalaciones improvisadas. Para los diputados, esta es una emergencia que no puede esperar, porque para los pacientes renales, cada sesión perdida puede costarles la vida.
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