Por Bruno Cortés
El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y la legisladora del PT, Diana Karina Barreras, están nuevamente en el centro de la controversia política y mediática, luego de que circularan imágenes y señalamientos sobre su presunta asistencia a eventos de lujo, portando prendas y accesorios de marcas de alto costo como Cartier, Tiffany, Versace, Prada, Louis Vuitton y Christian Louboutin.
El escándalo escaló luego de que ambos fueran vinculados a una exclusiva fiesta en la suite del Club 51 durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en 2024. El club, fundado en 2007 y conocido por su acceso limitado a socios e invitados especiales, salió al paso de las acusaciones, aclarando en su cuenta oficial de X (antes Twitter):
“Club 51 ha contado por 3 años una suite en la F1 en la CDMX. El evento se realiza para vincular a sus miembros y cada año otorgamos cortesías a diferentes personalidades. En la edición de 2024, ofrecimos 2 cortesías al Diputado Sergio Gutiérrez Luna entre otros.”
Pese a esto, el debate en redes sociales se intensificó, cuestionando cómo es posible que dos legisladores con un salario público puedan acceder a estos espacios exclusivos o vestir marcas de lujo sin aparentes conflictos éticos o de rendición de cuentas.
Ambos legisladores emitieron mensajes el pasado 7 de agosto, en los que califican la controversia como parte de una “campaña de desinformación” y ofrecen disculpas a la “ciudadanía de buena fe”, asegurando que no se ha utilizado dinero público para cubrir estos gastos.
En medio del revuelo, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reiteró el principio de “austeridad republicana” que rige al partido. En conferencia de prensa en el CEN de Morena en Morelos, Alcalde subrayó:
“Aunque se tengan los recursos de ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, (…) no hacerlo porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía.”
El caso revive el debate sobre los principios de la Cuarta Transformación y la responsabilidad de los representantes públicos para actuar con congruencia entre su discurso político y su vida personal. Mientras los legisladores insisten en su inocencia, la conversación pública continúa cuestionando los límites entre lo privado, lo público y lo políticamente correcto.
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