Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano se aprobó una de las leyes más esperadas y urgentes para enfrentar uno de los delitos que más miedo y daño causan a las familias y negocios: la extorsión. La Comisión de Justicia, presidida por el diputado Julio César Moreno Rivera, de Morena, avaló por amplia mayoría el dictamen que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Puede sonar técnico, pero en palabras simples, se trata de una nueva herramienta legal para que los gobiernos federal, estatales y municipales trabajen bajo un mismo marco jurídico para castigar de forma más rápida y efectiva a quienes se dedican al “cobro de piso”, las amenazas telefónicas o cualquier forma de extorsión.
La idea es acabar con los vacíos legales que permitían que un delito tan común quedara impune dependiendo del estado o de la autoridad que lo atendiera. Con esta ley, las penas serán de seis a quince años de prisión, más una multa económica importante, y podrán ser aún mayores si el responsable es servidor público o forma parte del crimen organizado.
Moreno Rivera explicó que la nueva ley “homologa criterios en todo el país” y da poder real a las autoridades para coordinarse, investigar y sancionar, además de proteger a las víctimas y testigos con mecanismos seguros de denuncia y reparación del daño. Se creará incluso un Sistema Nacional de Información sobre Extorsión, que permitirá tener datos claros para prevenir este delito y medir los resultados.
En términos prácticos, esta ley es una apuesta por una política nacional integral contra la extorsión, que combine prevención, investigación penal, protección a las víctimas y recuperación de bienes. Porque este delito no solo roba dinero: roba tranquilidad, sueños y la confianza de los ciudadanos en la autoridad.
Durante la discusión, legisladores de distintos partidos coincidieron en que la extorsión se ha convertido en una de las principales plagas económicas del país. La diputada María Rosete, de Morena, reveló que cinco de cada diez negocios sufren algún tipo de extorsión, con un impacto estimado en más de 21 mil millones de pesos. Un golpe directo a la economía de las familias y a la confianza para invertir.
El PAN, a través del diputado César Israel Damián Retes, subrayó que esta ley responde a una exigencia ciudadana, pues muchos comerciantes han sido víctimas del cobro de piso o de amenazas para seguir trabajando. En tanto, Margarita Zavala alertó que el número de víctimas ha crecido de forma alarmante: más de ocho mil 500 personas solo entre enero y septiembre de este año.
Desde el PT, Ricardo Mejía Berdeja pidió que incluso la tentativa —es decir, cuando alguien intenta extorsionar aunque no lo logre— sea castigada, mientras que otros legisladores, como Fernando Castro Trenti, exigieron que las sanciones sean más duras cuando los implicados sean servidores públicos.
Del otro lado, el diputado Juan Ignacio Zavala, de Movimiento Ciudadano, adelantó que apoyará la ley en lo general, aunque pidió cuidar los derechos humanos en la aplicación de pruebas, para evitar abusos en los procesos judiciales.
Al final, el mensaje fue unánime: el Congreso busca recuperar la rectoría del Estado frente a un delito que se había salido de control, modernizando el marco legal para devolverle a la ciudadanía algo tan básico como vivir sin miedo.
En paralelo, la Comisión también aprobó su opinión positiva sobre el Presupuesto de Egresos 2026, destacando recursos para fortalecer la justicia, la readaptación social y los derechos humanos. Aunque algunos diputados de oposición criticaron los recortes a la Secretaría de Seguridad, Morena defendió que el presupuesto prioriza la consolidación de la reforma judicial.
Con esta nueva Ley General, la Cámara de Diputados manda una señal clara: la extorsión no será tolerada. Falta que el dictamen avance en el Pleno, pero si se aprueba, marcará un antes y un después en la lucha contra uno de los delitos más extendidos y temidos del país.
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