Por Bruno Cortés
En la arena política mexicana, las acusaciones cruzan el aire como proyectiles y muchas veces sorprenden a quienes las reciben. Esta vez fue la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, de Morena, quien salió a rechazar de manera tajante las señalamientos que vinieron nada menos que del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde la mencionan por presunto lavado de dinero, corrupción y protección de actividades criminales.
La legisladora no dudó en desmentir todo. Frente a los reporteros aseguró que sus cuentas bancarias no han sido congeladas y que, de hecho, nunca ha recibido notificación alguna sobre el caso. Según sus propias palabras, se enteró de la situación como cualquier ciudadano común: leyendo los medios de comunicación.
Brown Figueredo relató incluso que el pasado fin de semana viajó a Estados Unidos sin ningún problema. “No me mandaron a segunda inspección, ni a revisión, ni nada. Entonces, estoy sorprendida”, dijo, en un tono que mezclaba incredulidad y molestia.
Mientras tanto, en medio de este vendaval de acusaciones, la diputada aseguró que seguirá cumpliendo con su labor legislativa. “Aquí estoy firme para cualquier situación”, remató, insistiendo en que no tiene nada que esconder y que, sin pruebas ni notificaciones formales, no hay nada concreto en su contra.
El caso refleja una de las tensiones más sensibles en la política mexicana: cuando instituciones extranjeras como el Tesoro de Estados Unidos lanzan acusaciones graves, pero sin que en México exista aún un procedimiento formal. Esto no solo golpea la imagen pública de los señalados, también coloca a los partidos en una posición incómoda, pues deben decidir si respaldan a sus militantes o se desmarcan.
Por ahora, Brown Figueredo se mantiene en su curul y con el respaldo de Morena, a la espera de que las acusaciones se aclaren o, en su caso, se confirmen. En política, como en la vida, la diferencia entre rumor y prueba suele ser lo que define destinos.
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