Por Juan Pablo Ojeda
El empresario Víctor Álvarez Puga, esposo de la conocida conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Estados Unidos en el marco de una investigación por presunto desvío de 3 mil millones de pesos, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). La acusación señala que Álvarez Puga, junto con su esposa y otras diez personas, habría utilizado empresas factureras bajo su control para canalizar recursos provenientes de contratos relacionados con la adquisición y equipamiento de penales federales.
Este no es el primer encuentro del matrimonio con la justicia mexicana. Desde 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el SAT ya investigaban a Álvarez Puga y Asociados, su despacho contable, por supuestas prácticas de evasión fiscal. Las autoridades detectaron que la firma asesoraba a sus clientes para registrar a trabajadores como socios o cooperativistas, con el objetivo de evadir el reparto de utilidades y pagos al seguro social.
La situación se complicó aún más con el paso del tiempo. En 2012, el The New York Times reveló que una de las compañías del empresario operaba como matriz de firmas fantasma, lo que reforzó las sospechas sobre la legalidad de sus operaciones financieras. En 2016, Inés Gómez Mont fue acusada de declarar ingresos inferiores a los reales y tuvo que pagar más de 2.6 millones de pesos por evasión fiscal.
La detención de Álvarez Puga representa un golpe importante en la investigación de la FGR, que busca esclarecer cómo se llevaron a cabo los movimientos millonarios y determinar el grado de responsabilidad de cada implicado. Las autoridades también buscan rastrear los posibles beneficios económicos que habría obtenido Gómez Mont y si participó activamente en la estructura de facturación irregular.
De confirmarse su culpabilidad, la conductora, madre de 7 hijos, podría enfrentar una pena de al menos 20 años de prisión, mientras que Álvarez Puga y los demás acusados podrían recibir castigos similares. La investigación sigue abierta y se espera que los próximos días la FGR y las autoridades estadounidenses coordinen los detalles del proceso legal, incluyendo posibles extradiciones, aseguramiento de bienes y declaraciones de los implicados.
El caso ha llamado la atención por la magnitud del presunto fraude fiscal y la implicación de figuras públicas de alto perfil, lo que genera un debate sobre la responsabilidad de los ciudadanos y empresarios en el manejo de recursos públicos y la necesidad de reforzar la supervisión de contratos estatales.
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