El arranque de 2026 ha estado marcado por un clima político tenso para México. A la presión constante del gobierno de Donald Trump sobre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se suman turbulencias internacionales que han reconfigurado el tablero geopolítico. En ese contexto, una decisión aparentemente admini
strativa detonó una controversia mayor: la no difusión, en medios públicos, de la entrevista realizada por Sabina Berman al activista Eduardo Verástegui.Aunque la entrevista nunca se transmitió en las señales previstas de los canales 11, 14 y 22, su cancelación generó un intenso debate político y mediático. Lejos de desactivar la conversación, la decisión avivó posturas encontradas, acusaciones de censura, señalamientos de autocensura y cuestionamientos sobre el papel real de los medios públicos, educativos y culturales en un sistema democrático.
Para aportar una mirada especializada, los periodistas Raúl Fraga Juárez y José Sobrevilla entrevistaron al ingeniero Héctor Parker Vázquez, figura clave en la historia reciente de los medios públicos en México y expresidente de la Red Nacional de Medios Públicos Educativos y Culturales. Desde su experiencia, Parker sostiene que impedir la transmisión fue una decisión desafortunada que terminó amplificando el impacto político de un contenido que, de haberse difundido, probablemente habría pasado sin mayor relevancia.
El especialista advierte que este tipo de episodios no son nuevos: presiones políticas, temores institucionales y decisiones tomadas desde oficinas de comunicación social han acompañado históricamente a los medios públicos, sin importar el signo partidista de los gobiernos. La diferencia, subraya, es que hoy esas decisiones se dan en un entorno digital donde ocultar información resulta contraproducente y genera más sospechas que certezas.
Parker también descarta que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano tenga control directo sobre los medios estatales o culturales, y señala que las decisiones finales suelen recaer en gobiernos locales o en áreas administrativas, no necesariamente en criterios periodísticos o de servicio público. En ese sentido, considera que atribuir responsabilidades sin claridad solo profundiza la confusión.
Sobre el argumento de los derechos de las audiencias, el exdirector de Canal 11 es contundente: los defensores de audiencia no tienen facultades para impedir transmisiones, sino para escuchar y canalizar la opinión del público una vez que los contenidos se difunden. Usar esa figura para frenar un programa, afirma, distorsiona su función original.
Más allá del caso concreto, la controversia deja una lección central: los medios públicos enfrentan el reto de actuar con mayor transparencia, claridad y madurez institucional. En un contexto de desinformación, polarización política y presiones externas, ocultar contenidos o no explicar decisiones solo debilita la confianza ciudadana.
Para Héctor Parker, la sociedad mexicana está preparada para conocer, debatir y formarse su propia opinión. Protegerla de contenidos incómodos no fortalece la democracia; la limita. Y en tiempos de tensiones internas y externas, la información clara y abierta se convierte no solo en un derecho, sino en una herramienta de soberanía.
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