Por Bruno Cortés
En el Congreso se abrió un debate que va más allá de cifras y tecnicismos legales: cómo frenar una de las caras más crueles de la violencia en México, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del PAN, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y castigar con penas de entre 10 y 30 años de prisión a quien cometa este delito.
La propuesta busca dejar claro en la ley qué se entiende por reclutamiento forzado. No se trata solo de secuestros o amenazas directas, sino de cualquier forma de captación que incluya engaños, intimidación, uso de la fuerza, extorsión o coacción para obligar a menores de 18 años a integrarse a grupos criminales. El objetivo es cerrar vacíos legales que hoy permiten que este delito quede difuso o, peor aún, impune.
Zavala explica que en los últimos años este fenómeno se ha convertido en una de las expresiones más brutales de la violencia. No solo porque arranca a niñas, niños y adolescentes de su entorno, sino porque normaliza una cultura donde la infancia deja de ser una etapa de cuidado y desarrollo para convertirse en mano de obra del crimen. Muchos menores terminan realizando tareas de vigilancia, transporte de drogas, venta de estupefacientes o incluso son víctimas de trata y explotación.
Uno de los puntos más delicados, según la diputada, es que el Estado muchas veces no logra identificar a estos menores como víctimas. En lugar de recibir protección, terminan siendo criminalizados por actos que cometieron bajo amenaza, engaño o miedo. La iniciativa busca cambiar esa lógica y poner en el centro la protección de la infancia, no el castigo automático.
Desde esta perspectiva, enfrentar el reclutamiento forzado no es solo un tema de seguridad pública. Es una obligación del Estado mexicano para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia y a un desarrollo pleno. La ley, plantea Zavala, debe ser una herramienta clara para perseguir a quienes reclutan y no para revictimizar a quienes fueron obligados a delinquir.
Las cifras dimensionan el problema. De acuerdo con un informe de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes podrían ser reclutados cada año por grupos criminales en México. Para la diputada, estos datos reflejan la urgencia de actuar y de enviar un mensaje contundente: la infancia no es botín de guerra ni recurso del crimen.
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