Por Juan Pablo Ojeda
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este martes 16 de diciembre de 2025 al Estado mexicano por su responsabilidad internacional en la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, ocurrida en 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
De acuerdo con la sentencia notificada a las partes, el tribunal internacional acreditó que Ernestina Ascencio fue víctima de violación sexual por parte de integrantes del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007, un día después de que se instalara un campamento militar cerca de su vivienda como parte de la estrategia federal contra el narcotráfico iniciada en 2006.
La Corte IDH determinó que la agresión sexual constituyó un acto de tortura, al ser intencional, causar sufrimientos físicos y mentales severos y tener como propósito intimidar, humillar y controlar a la víctima. El fallo establece que la violación, las lesiones graves y la falta de atención médica adecuada provocaron directamente la muerte de Ernestina Ascencio.
Tras la agresión, la mujer fue trasladada por sus familiares durante aproximadamente 10 horas en busca de atención médica, hasta que fue recibida en el Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció el 26 de febrero de 2007 sin haber sido intervenida quirúrgicamente. La Corte concluyó que el Estado mexicano violó su derecho a la salud, al no garantizar una atención accesible, disponible y de calidad, y subrayó que el hospital no contaba con intérpretes de náhuatl que permitieran una comunicación efectiva.
El tribunal también señaló graves fallas en la investigación del caso. Determinó que el Estado incumplió su obligación de investigar con debida diligencia reforzada y de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para los hijos de la víctima. La investigación, según la sentencia, careció de perspectiva de género, enfoque étnico y consideración etaria; fue cerrada de manera prematura y estuvo permeada por estereotipos que fueron replicados incluso por altas autoridades del gobierno de entonces, incluido el presidente de la República.
Como parte de las medidas de reparación, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano realizar una investigación penal exhaustiva y seria para identificar, procesar y sancionar a los responsables de la violación, tortura y muerte de Ernestina Ascencio. Además, instruyó fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
El fallo representa un nuevo llamado internacional al Estado mexicano para revisar el actuar de las fuerzas armadas, garantizar justicia a las víctimas indígenas y erradicar prácticas de discriminación estructural en la atención médica y en el sistema judicial.
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