Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano, donde las discusiones políticas se entrecruzan con tecnicismos legales, hoy se vivió otro episodio del drama protagonizado por Alejandro Moreno, mejor conocido como “Alito”. Esta vez, el foco estuvo en una reunión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados —esa comisión encargada de decidir si se le quita el fuero a legisladores para que enfrenten la justicia como cualquier ciudadano.
El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde, se tomó un momento para aclarar ante los medios lo que realmente se discutió hoy. Y no, no se trató de una nueva acusación contra el hoy senador Moreno. En realidad, se convocó para cerrar un capítulo que se abrió hace dos años, cuando “Alito” todavía era diputado. El asunto de entonces fue una solicitud para quitarle el fuero por supuestos delitos denunciados por la Fiscalía de Campeche, pero ahora, un amparo judicial dice que las pruebas de aquel proceso eran inadecuadas. Así que la discusión se centró en si se desecha o no ese procedimiento viejo. Punto.
Pero, como suele pasar en la política, hay algo más burbujeando debajo de la superficie.
Y es que, aunque hoy no estaba oficialmente en la agenda, se sabe que llegó una nueva denuncia, esta vez contra el senador Alejandro Moreno. Y aquí entra el tecnicismo: el fuero que tenía cuando era diputado no es el mismo que tiene ahora como senador. Es decir, si se quiere seguir investigando, se debe empezar de cero, con un nuevo proceso adaptado a su cargo actual.
Bolaños-Cacho fue claro. Dijo que, al menos hasta este momento, ni él ni los demás miembros de la Sección Instructora (salvo el presidente de la misma) han recibido información formal sobre esta nueva denuncia. No saben qué delitos se le imputan, qué pruebas hay ni si ya se notificó a Moreno. Nada. Y mientras eso no suceda, no pueden iniciar ningún nuevo procedimiento.
Para que se entienda: la Sección Instructora no dice si alguien es culpable o inocente. Solo revisa si hay indicios suficientes para quitar el fuero, lo que abriría la puerta a que un juez decida después si se trata o no de un delito.
¿Entonces qué sigue? Pues si de verdad ya llegó la denuncia nueva, el presidente de la Sección debe notificar a Moreno y compartir la carpeta con los demás integrantes. De ahí, arrancaría un proceso con plazos legales, donde ambas partes (el denunciante y el denunciado) tienen derecho a defenderse, alegar y contradecirse. Es como una especie de juicio pero solo para decidir si se le puede quitar el escudo del fuero, no si es culpable o no.
Y aunque en redes sociales y medios algunos ya hablaban de un nuevo proceso contra “Alito”, la realidad institucional es otra: el Congreso apenas se está enterando formalmente, y mientras no haya una notificación oficial, el reloj ni siquiera ha empezado a correr.
¿Es un distractor todo esto, como algunos sugieren por el caos que se vive en Tabasco? Bolaños-Cacho lo descartó. Dijo que la denuncia viene de antes, desde Campeche, y que es parte de una ruta jurídica que nada tiene que ver con lo electoral o con temas de coyuntura.
El fondo aquí es político, sí, pero también legal. Porque si no se siguen los pasos tal como marca la ley, cualquier intento de desafuero puede caerse como castillo de naipes. Y en México, donde el fuero es todavía un escudo muy poderoso, eso lo saben muy bien.
Así que por ahora, la Sección Instructora está en pausa. Se cierra un expediente viejo, y se asoma, tal vez, uno nuevo. Pero mientras no se notifique ni se repartan las copias de la denuncia, el caso “Alito 2.0” está en espera. Otra más para el archivo de la política mexicana, que nunca deja de escribir nuevos capítulos.
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